La Unión de Mercados de Capitales ve la luz

Las nuevas normas facilitarán el acceso al crédito por parte de las pymes y fomentarán las inversiones transfronterizas

Operarios en una pyme industrial catalana / EFE

Operarios en una fábrica catalana / EFE

Presentada a finales de 2014 como la más emblemática iniciativa de la actual legislatura europea en el ámbito económico y financiero, y con el objetivo de estar plenamente operativa a finales de 2019, la Comisión Euopea ha dado un paso importante para que la Unión de Mercados de Capitales (UMC) sea una realidad mediante la promoción de fuentes alternativas de financiación y la supresión de los obstáculos a las inversiones transfronterizas.

El objetivo de la UMC es movilizar capital y canalizarlo a todas las empresas de la UE, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) que necesitan recursos que les permitan expandirse y prosperar. Para ello es necesario desarrollar nuevas fuentes de financiación para las pymes para reducir así su excesiva dependencia de la tradicional bancaria. Esta semana la Comisión ya presentó una medida favorable a la primera al proponer un Reglamento que permitirá a las plataformas de financiación colectiva, crowdlending o crowdfunding, ofrecer sus servicios en toda la UE. 

En un comunicado la Comisión ha enfatizado que las propuestas que se presentan potenciarán el mercado de la UE de bonos garantizados como fuente de financiación a largo plazo, y garantizarán una mayor seguridad a los inversores en el contexto de las transacciones transfronterizas de valores y créditos. La UMC constituye una de las prioridades de la Comisión Juncker para reforzar la economía europea y estimular las inversiones a fin de crear puestos de trabajo. 

Los bonos garantizados europeos

Dichos productos se encuentran actualmente entre los mayores mercados de deuda en la UE, con importes pendientes de liquidación por valor de 2,1 billones de euros. Los bancos europeos son líderes mundiales en este mercado, que constituye una fuente importante de financiación a largo plazo en muchos Estados miembros de la UE. 

Los bonos garantizados son instrumentos financieros respaldados por un grupo de préstamos segregado. Se consideran beneficiosos no solo por ser una forma rentable de financiar el crédito, sino también porque son especialmente seguros. Sin embargo, actualmente el mercado de la UE está fragmentado por países y existen diferencias entre los Estados miembros. 

Las normas propuestas se basan en criterios de gran calidad y en las mejores prácticas. Su objetivo es fomentar el uso de bonos garantizados como fuente de financiación estable y rentable para las entidades de crédito, especialmente en los mercados menos desarrollados. Asimismo, ofrecerán a los inversores más oportunidades de inversión y más seguras. 

Al mismo tiempo, la propuesta pretende reducir los costes de endeudamiento para la economía en general. La Comisión estima que el potencial global de ahorro anual para los prestatarios de la UE sería de entre 1.500 y 1.900 millones de euros. 

La distribución transfronteriza de fondos de inversión 

Los fondos de inversión son un importante instrumento para canalizar el ahorro privado hacia la economía y aumentar las posibilidades de financiación de las empresas. El mercado de los fondos de inversión de la UE asciende en total a 14,3 billones de euros. Sin embargo, este mercado no ha alcanzado aún su pleno potencial. Algo más de un tercio (37%) de los fondos OICVM y alrededor del 3% de los fondos de inversión alternativos (FIA) están registrados para su comercialización en más de tres Estados miembros. Esto se debe también a los obstáculos reglamentarios que impiden actualmente la distribución transfronteriza de fondos de inversión . 

La propuesta actual tiene por objeto eliminar esos obstáculos para todos los tipos de fondos de inversión para que la distribución transfronteriza sea más sencilla, rápida y barata. La mayor competencia hará crecer las posibilidades de elección de los inversores y reducirá los costes, al tiempo que garantizará un elevado nivel de protección de los inversores. 

Legislación aplicable a las operaciones transfronterizas de créditos y valores

La cesión de crédito se refiere a una situación en la que un acreedor transfiere el derecho a reclamar una deuda a otra persona. Este sistema es utilizado por las empresas para obtener liquidez y acceso al crédito. Por el momento, no existe seguridad jurídica en cuanto a la legislación nacional que debe aplicarse a la hora de determinar quién es el propietario de un crédito tras su cesión en una transacción transfronteriza. Las nuevas normas propuestas clarifican cuál es la legislación con arreglo a la que deben resolverse los litigios (por norma general, sería de aplicación la legislación del país en el que tengan su residencia habitual los cedentes), con independencia del Estado miembro al que pertenezcan los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes que entiendan del asunto. Esta propuesta impulsará la inversión transfronteriza, abaratará el acceso al crédito y evitará riesgos sistémicos. 

Este paquete establece un planteamiento general que combina políticas complementarias y medidas centradas en cuatro ámbitos clave:

  • Garantizar que los bancos reserven fondos para cubrir los riesgos asociados a préstamos emitidos en el futuro que pudieran resultar dudosos.

  • Fomentar el desarrollo de mercados secundarios donde los bancos puedan vender sus préstamos dudosos a administradores de crédito e inversores.

  • Facilitar el cobro de deudas, como complemento a la propuesta sobre insolvencia y reestructuración empresarial presentada en noviembre de 2016.

  • Ayudar a los Estados miembros que lo deseen en la reestructuración de los bancos, ofreciendo un modelo de orientaciones no vinculantes para la creación de empresas de gestión de activos (EGA) u otras medidas relacionadas con los préstamos dudosos.

La Comisión ha adoptado también una Comunicación para clarificar qué legislación nacional se aplica a la hora de determinar quién es el propietario de un valor en una transacción transfronteriza. Una mayor seguridad jurídica favorecerá la inversión transfronteriza, la integración de los mercados, y hará más barato el acceso al crédito. 

Finalmente, el organismo europeo ha instado a los colegisladores a garantizar la rápida adopción de las reformas fundamentales pendientes para completar la UMC, tales como las propuestas para reforzar la supervisión de los mercados de capitales, para la reestructuración empresarial y para ofrecer nuevas oportunidades de ahorro a los consumidores.

 
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