España entre los países que peor protegen a los confidentes fiscales

Gestha ha remarcado la colaboración de Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales

El informático Hervé Falciani

El informático Hervé Falciani - EFE

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), tras la detención el 5 de abril de Hervé Falciani por la Policía Judicial en la antesala de un acto organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal, han recordado su excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza.

Gestha cuestiona tanto la detención como el lugar y las formas empleadas por el Ministerio del Interior, con el innecesario traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida. Además, la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años. 

España poco protector de los confidentes

En este sentido, lamentan que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e instan a blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Por otra parte, los técnicos reprocharon a la Agencia Tributaria (AEAT) el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales. Y es que, tal y como expusieron en la jornada de ayer -ahora que se cumplen dos años de la publicación de los Papeles de Panamá-, iniciar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores esquivan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que se hubieran podido cometer.

Asimismo, Gestha denuncia que la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados sea que las inspecciones preliminares se asignan a un número muy reducido y “escogido” de funcionarios. Más expeditivo y eficaz sería que la AEAT autorizara a los Técnicos de Hacienda a notificar ipso facto el inicio de las investigaciones cuando trascienden indicios relevantes de fraudes millonarios.

La consecuencia directa de esta demora es la caída del número de denuncias por delito fiscal, que en 2016 –año en el que se publicaron precisamente los Papeles de Panamá-, se desplomaron más de un 33%, mientras que se tramitaron un 46% menos de expedientes por blanqueo que en 2015, coincidiendo, paradójicamente, con un aumento significativo de los casos de fraude.

Gestha también instó a cambiar el foco de la lupa de inspección, ya que actualmente el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales. En este sentido, los técnicos recuerdan que las empresas del IBEX 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore.

De hecho, entre el 30 y el 40% del dinero de los mayores patrimonios de nuestro país está camuflado, y en conjunto los españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales. Es más, a partir de los últimos datos de Oxfam, la inversión española en estos territorios de baja o nula tributación se multiplicó por cuatro en 2016, de manera que uno de cada cuatro euros de inversión española va dirigida hacia un paraíso fiscal y más de la mitad (54%) de la inversión extranjera que entra en España proviene de territorios opacos.

Una lista de 130 territorios offshore

Así, aunque disponer de una cuenta, una empresa o una propiedad en un paraíso fiscal sea legal si declara en España su tenencia, la mayoría de estos titulares pretende ocultar parte de su patrimonio a través de testaferros y sociedades instrumentales.

Por otra parte, la publicación de la lista europea de paraísos fiscales, con su posterior reducción apenas un mes más tarde, ha frustrado muchas expectativas para acabar con la evasión. Por ello, los técnicos elaboraron su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos, según la capacidad de dichos territorios para favorecer la evasión o la elusión fiscal, más allá de los compromisos de sus Autoridades para dar una mayor transparencia a estas actividades.

No obstante, advirtió de que la revelación de escándalos como el de los Papeles de Panamá o más recientemente el de los Papeles del Paraíso no acabará con las guaridas fiscales, por mucho que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confíe en que los dos únicos territorios offshore que contabilizan, las islas de Niue y Nauru en el Pacífico, dejen de existir en apenas unos años al contar con acuerdos para intercambiar información tributaria.

Los técnicos aseguran que la firma de un acuerdo de intercambio de información no garantiza recibir realmente la información, pues en virtud de esos acuerdos es posible pedir la información que se conoce, pero no la que una Administración tributaria desconoce, dado que las peticiones genéricas de información, fishing expeditions, están prohibidas.

En cambio, Gestha considera que las filtraciones son solo la punta visible del iceberg de la evasión y su conocimiento público supone un revulsivo para impulsar y consensuar políticas de ámbito supranacional. Y, en este contexto, recuerda que el intercambio automático de información de cuentas bancarias (CRS) y los informes país por país –que comenzará el próximo mes de junio- proporcionará a las administraciones tributarias de todo el mundo acceso a información clave sobre los ingresos, las ganancias anuales, el capital, los empleados y los activos de las grandes multinacionales en los países donde realizan sus actividades. 

Batería de soluciones

Por ello, a la hora de acabar con las guaridas fiscales, para Gestha lo primero sería detectar todas las que existen y las que se creen en el futuro para que la presión internacional pueda terminar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios, vigilando el contenido y volumen de las ventajas fiscales de algunos lugares extraterritoriales que sin las peculiaridades propias de los paraísos fiscales no prosperarían desde un punto de vista social y económico.

Y en esta línea propuso una amplia lista de medidas, entre las que destacó la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos; la fijación de unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión; el control por las Cortes Generales de los resultados de la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente; la equiparación del plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como la unificación de los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados; la insistencia para proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en guaridas fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas que utilizan las multinacionales para eludir el pago de impuestos.

Finalmente, Gestha animó al Gobierno a alcanzar acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de “banca privada” que, situadas en España, facilitan determinadas operaciones en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías, como ya hicieron Alemania o Estados Unidos exigiendo la lista de las personas o entidades residentes que sean titulares de productos financieros contratados, y sancionándolas con multas millonarias.

 
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