Cuatro soluciones a los ingresos de la Seguridad Social

Poner en orden los ingresos y gastos de la Seguridad Social contribuirá a reducir el déficit estructural de España

Imagen en la entrada de la Tesorería General de la Seguridad Social / EFE

Imagen en la entrada de la Tesorería General de la Seguridad Social / EFE

En "El desequilibrio de la Seguridad Social causado por Juan García" ilustrábamos como el problema de nuestro sistema público de pensiones consiste en que ofrece duros a cuatro pesetas. Y es que las aportaciones que se hacen al sistema por el cotizante medio son insuficientes para pagar las prestaciones ofrecidas.

En las últimas semanas se ha reabierto el debate en torno a cómo aumentar las contribuciones para poner un parche a la Seguridad Social y que siga funcionado hasta la próxima crisis.

Visto que los pensionistas han mostrado músculo en defender la cuantía de sus pensiones, las medidas de reforma buscan aumentar los ingresos del sistema público. Ahora bien, el déficit estructural de España constituye una grave amenaza para nuestra economía y, en buena medida, debe reducirse poniendo en orden los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

¿Cómo incrementar los ingresos?

Se han comentado públicamente tres soluciones, ninguna suficiente a largo plazo, a las cuales añado una cuarta:

Primera propuesta: Mantener los parámetros actuales, subir el tipo de cotización al 32 por ciento.

Esto es, sin tocar el actual sistema de bases de cotización, con sus bases máximas en el actual nivel, aumentar el tipo cotizado total (entre cuota empresarial y del trabajador) un trece por ciento. Dada la actual relación entre las contribuciones empresariales y del trabajador, la empresa asumiría la mayor parte de este coste, por encima de 10.500 millones de Euros. Los costes salariales pagados por la empresa subirían casi un cuatro por ciento, impactando en la competitividad y posiblemente en el nivel de empleo a medio plazo. Obviamente los empresarios se quejarían desde el minuto uno.

No obstante, encarrilaríamos el déficit público estructural de España y abandonaríamos la política de parcheo.

Segunda propuesta: Destopando a las bravas las bases de cotización, sin elevar la pensión máxima.

El inconveniente básico de esta medida reside en que los afectados, las personas cuya base de cotización es superior a la base máxima situada en los 42.000 Euros al año, pagarían más (es decir, cobrarían menos en nómina) y además las empresas tendrían una factura adicional de unos 4.000 millones de Euros. En cualquier caso, una cifra muy corta en relación a lo que se necesita financiar (unos 15.000 millones de Euros). El inconveniente adicional es que este coste no genera ningún beneficio para los que lo pagan, puesto que generaría una ampliación en la zanja existente entre bases de cotizaciones por las que se cotiza y la pensión máxima. Algunos expertos opinan que tendría por tanto carácter confiscatorio por lo cual sería dudosamente constitucional, conforme al artículo 33.3

art. 33.3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Realmente esta solución a medio plazo podría originar la creación de empresas de personal altamente cualificado que se establecieran como autónomos, optimizando su fiscalidad y neutralizando el favorable efecto inicial sobre los ingresos.

Tercera propuesta: Destopando las cotizaciones y elevando la pensión máxima.

Para evitar los efectos más perjudiciales de la propuesta anterior, se está debatiendo ofrecer una elevación de la pensión máxima pública. Esta propuesta es insuficiente además de miope. En efecto, mejora los ingresos del sistema público de pensiones pero tiene un doble inconveniente. De una parte, genera un desequilibrio actuarial a largo plazo creciente (derivado de que nuestro sistema ofrece prestaciones por encima del nivel actuarialmente razonable) y además es regresivo socialmente. Esto último aparentemente pasa desapercibido a los adalides de la igualdad, a pesar de ser evidente que los tipos de cotización son únicos y no discriminan por renta mientras que la esperanza media de vida tras la jubilación está altamente correlacionada con la renta y el nivel de estudios.

Cuarta propuesta: Aumentar un dos por ciento el tipo base de cotización, destopar las bases, crear dos tipos de cotización en función de la base y alinear progresivamente base reguladora y pensión máxima.

Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Es decir, un poco de todas las propuestas anteriores y algo más. Para corregir la solución tercera mencionada, mejorando el equilibrio actuarial y evitando la regresividad, se puede establecer un tipo básico un dos por ciento más elevado que el actual (pasaría a un 30,30%) y un tipo para el exceso de base de cotización por encima de 25.000 Euros anuales del 40%. La Base de cotización máxima no debería superar un límite razonable, como los 60.000 Euros anuales. Además, debe encaminarse a largo plazo hacia una Base de Cotización máxima que no supere el 110% de la pensión máxima, mediante una transición gradual, en diez años mínimo.

El impacto inmediato sobre los ingresos de la Seguridad Social sería más elevado,  para cerrar significativamente la divergencia actual entre pensiones e ingresos. Podría disminuir el gap en unos 14.000 millones de Euros, reduciendo drásticamente nuestro déficit público estructural, que es nuestro talón de Aquiles vigilado por la Unión Europea. Adicionalmente tendría la virtud de reequilibrar actuarialmente el sistema a largo plazo. No perjudicaría en exceso al coste laboral del empleado mediano español (por debajo de los 25.000 Euros) y reduciría la regresividad del sistema público de pensiones.

En conclusión, si el problema de ingresos de la Seguridad Social es estructural, hay que buscar soluciones sólidas y suficientes, no meros parches. Y se puede lograr todo lo anterior a la vez que reducir la regresividad encubierta del sistema público de pensiones. Sin embargo, no existen fórmulas magistrales, ni atajos para poner en orden las cuentas de las pensiones públicas.

 
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