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Campeonato de atletismo de Madrid por clubes en Alcorcón / ATLETISMOMADRID.COM

Adiós a la polémica licencia única deportiva, que invade competencias autonómicas

La anulación del TC de este documento federativo abre dudas sobre la financiación de las federaciones deportivas españolas y regionales

8 min

El Tribunal Constitucional ha aceptado parcialmente un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña en 2015 para anular la denominada “licencia deportiva única”, que obligaba a los deportistas autonómicos a tener una licencia federativa para competir en cualquier ámbito estatal. Un sistema que el Consejo Superior de Deportes (CSD) implantó y que siempre el deporte catalán consideró perjudicial a todas luces.

El Govern presentó en 2015 un recurso de inconstitucionalidad contra seis artículos y una disposición transitoria –la octava- de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Bajo el manto de una pretendida “unidad de mercado” se incorporó una licencia deportiva que tenía que ser válida en toda España, pero que implicaba una nueva fórmula de financiación de las federaciones deportivas españolas en detrimento de las autonómicas.

El artículo 23 de la Ley

En lo que atañe al tema deportivo, la aprobación de esa ley incorporaba en su artículo 23 la llamada “Licencia deportiva única”. El texto decía: “Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva, que será expedida con carácter único por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en el correspondiente organismo estatal, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente y que en todo caso deberá contemplar una compensación suficiente a las federaciones estatales por las competencias que tienen atribuidas”.

El artículo continuaba: “Dicha compensación será aprobada por la Asamblea General de la federación estatal. La licencia habilitará para la participación en cualquier competición oficial de la modalidad o especialidad deportiva, de ámbito estatal o autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación deportiva estatal correspondiente”.

Edición pasada del Bicircuit Festival en el Circuito de Montmeló / CICLISMECAT

Edición pasada del Bicircuit Festival en el Circuito de Montmeló / CICLISMECAT

Esto implicó un cambio notable sobre la Ley del Deporte de 1990. Desde ese año, estos documentos deportivos tenían dos niveles. Eran expedidos por las federaciones deportivas autonómicas para la participación en las competiciones autonómicas y, pagando una cuota a la federación española correspondiente, se las “habilitaba” para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal. Es decir, campeonatos y copas de España, así como pruebas internacionales.

De ese modo, según la norma de 1990, solo pagaban una cuota a las federaciones españolas los deportistas que participaban en competiciones de ámbito estatal o internacional. Cada federación española tenía establecidas sus propias cuotas, diferentes en cada caso. El resto de deportistas no efectuaban aportación alguna a las federaciones españolas.

Bajada de la recaudación

La aprobación de la Ley 15/2014 supuso una respuesta unánime de las federaciones autonómicas de toda España. En muchos casos el tiro salió por la culata. En primer lugar, las cuotas que pagaban los deportistas para obtener la “habilitación” en el formato de la Ley del Deporte de 1990 eran muy superiores a las que se fijaron en 2014. Se consideró entonces que el menor precio se vería compensado con creces por el aumento del número de licencias. No fue así.

Estos organismos autonómicas crearon toda clase de torneos “no oficiales” para los cuales no era necesaria la posesión de este documento, sino de algún otro tipo de "papel" que quedase fuera de la caja registradora de la federación española de turno, de modo que los ingresos de las federaciones españolas por este concepto no subieron lo esperado y, en muchos casos, cayeron.

La selección catalana masculina disputando un partido en Madrid / VOLEICATALA

La selección catalana masculina disputando un partido en Madrid / VOLEICATALA

Uno de los motivos fue que los precios de las cuotas a recibir por las federaciones españolas debían ser fijados en asamblea general con mayorías cualificadas, siendo necesario que votasen a favor las dos terceras partes de los presidentes autonómicos que, a su vez, representasen las dos terceras partes de las licencias emitidas. Esto dificultó enormemente el incremento de los precios, pues los presidentes autonómicos no estuvieron predispuestos a hacer mayores aportaciones a las arcas de las federaciones estatales en detrimento de las suyas propias.

Recurso de inconstitucionalidad

Entre tanto, la Generalitat de Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad que el pasado 12 de abril el TC apreció parcialmente, señalando que “si la norma afecta a intereses deportivos no generales, o lo que es lo mismo, estrictamente autonómicos, la norma debe ser declarada inconstitucional y nula por no acomodarse al orden constitucional de distribución de competencias, pues de otro modo se produciría el efecto de vaciar de contenido la competencia estatutariamente asumida por las Comunidades Autónomas sobre la materia con carácter exclusivo”.

Partido de waterpolo entre el CN Sabadell y el CN Mataró / NATACIOCAT

Partido de waterpolo entre el CN Sabadell y el CN Mataró / NATACIOCAT

Sin embargo, admite que poseedores de licencias deportivas que toman parte en competiciones oficiales sí tienen que aportar una cuota a la federación española correspondiente y, en este sentido, declara que “el art. 23, que da nueva redacción al art. 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, no es inconstitucional en el sentido de que se refiere exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal”.

El escenario que viene

Ahora bien, los conflictos no terminan aquí, pues cuando se publicó la Ley en 2014 las federaciones deportivas españolas tuvieron que adaptar sus estatutos a la nueva norma, y ahora convendrá volver a corregirlos para dejarlos como estaban antes, más o menos, sin perder de vista que el actual Gobierno ya ha empezado a redactar una nueva Ley del Deporte y que, en consecuencia, todos los estatutos deberán ser nuevamente adaptados.

La ventaja para las federaciones españolas estriba en que en adelante no será necesario contar con mayorías cualificadas para fijar los precios de las licencias, bastando la mayoría simple de los miembros presentes en las asambleas, sean o no presidentes de federaciones autonómicas, pero siempre en el transcurso de las respectivas asambleas generales de las federaciones estatales, muchas de las cuales se han celebrado ya, de modo que tal vez los precios no se puedan cambiar hasta el año 2019.