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El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (izq.), y el expresidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en una foto de archivo / EFE

La licencia única deportiva, un movimiento recaudatorio en plena crisis

La debilidad económica de 2013 fue uno de los detonantes de este documento federativo que el TC ha tumbado

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La sentencia del Tribunal Constitucional que ha derogado el sistema de licencia única fijado por el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, tras admitir parcialmente un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña, ha puesto al descubierto varios aspectos al margen de que el TC  haya desmontado que se tenga que pagar para competir en cualquier ámbito estatal pese a no participar, a repartir los ingresos con las federaciones homólogas españolas y a comunicar sus datos personales de los federados autonómicos.

La Ley de 2014 supuso, principalmente, dos problemas añadidos. En primer lugar, pretendía que cualquier deportista de un deporte determinado pudiese participar en cualquier competición oficial autonómica en cualquier lugar de España cuando, en realidad, los campeonatos autonómicos suelen estar reservados a los residentes de cada región.

Subida de precios

El segundo problema fue que la nueva norma implicó la subida inmediata de precios de todas las licencias federativas sin que los deportistas federados percibiesen ningún beneficio en ello, a menos que participasen en Campeonatos o Copas de España, la cual cosa solo sucede a un número muy reducido de deportistas. Estos últimos gozaron de una cierta rebaja.

La Ley 15/2014 se empezó a gestar en 2013, en plena crisis económica y con un Gobierno español del Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. La pretensión, nunca reconocida, era dotar de ingresos adicionales a las federaciones españolas, teniendo en cuenta que el Gobierno del Estado, a través del Consejo Superior del Deporte (CSD),  presidido entonces por Miguel Cardenal, no estaba en condiciones de mejorar las subvenciones que entregaba anualmente a las federaciones. Los ingresos provendrían de las aportaciones que tendrían que efectuar todos los deportistas federados españoles, participasen o no en competiciones oficiales de ámbito estatal.