Ya en 2017 salió la noticia que explicaba que una empresa del grupo de ACS de Florentino Pérez, Cobra, había decidido canalizar el río Cahabón, en Guatemala, para construir represas y generar electricidad. Esto ha provocado que solo circule el 5 por ciento del agua que corría y afecte a todo el entorno.
Se han visto afectados varios grupos de indígenas que, al ver que no tenían el elemento básico, han tenido que moverse de sitio y dejar el lugar que habían ocupado desde hace años. Estos colectivos están acosados por los gobiernos y marginados de la sociedad. Su subsistencia se basa en la agricultura y sin el agua del río esto es imposible.
Una imagen del río Chabón y la canalización de ACS / Redes
El pueblo Maya Q’eqchi habitaba desde hace más de diez siglos en el Departamento de Alta Verapaz, Guatemala. El río Cahabón alcanza 14 municipios y más de 245.900 hectáreas. En 2017, una sentencia de la Corte Suprema guatemalteca dio la razón a las comunidades locales, pero no impidió que la empresa siguiera operando.
Debido a las manifestaciones, el defensor indígena Bernardo Caal Xol fue sentenciado a siete años y cuatro meses de prisión, según dice la parte afectada, como “condena ejemplarizante contra defensoras y defensores de los derechos humanos”.
La iniciativa
Para corregir la situación y evitar que el desastre económico y social vaya a más, se ha iniciado una campaña en Change.org. Ésta pide que las hidroeléctricas que operan en le río Chabón -OXEC y RENACE- cesen su actividad. Más allá de afectar a los grupos indígenas, afectan a 50.000 personas de otras comunidades. ACS tiene sentencias en su contra de la Corte Suprema de Guatemala de 2017 y 2019.
Pancarta contra Florentino Pérez en una manifestación en Guatemala / Redes
Defienden que “se opera sin tener el consentimiento y afectando el área protegida como Reserva de la Biosfera Maya; que dejan sin agua a comunidades enteras, provocando problemas de alimentación y salud, extinción de fauna y flora de espacios protegidos y agravando la emergencia climática”.
También piden la liberación y una investigación objetiva del defensor indígena Bernardo Caal Xol por “unos hechos imputados que no han sido probados; y a la Corte Suprema de Justicia velar por la independencia judicial”.
