Lo que empezó como una operación para descubrir quien desviaba cientos de millones de litros agua de la cuenca del Guadalquivir ha acabado destapando una trama en la que estan implicados regantes, agentes de la Guardia Civil y funcionarios.

Una serie de anónimos fueron los que desataron la operación. Los escritos hacían referencia a un seguido de irregularidades cometidas por los gestores de la Comunidad de Regantes El Viar, sita en Alcalá del Río, contando para ello con la posible connivencia por parte de algunos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Delitos

La operación acabó con la detención de cuatro miembros de la comunidad de regantes, dos miembros de la Cooperativa Productores del Campo de tal municipio y tres funcionarios de la CHG y dos agentes de la Guardia Civil.

Se les acusa de presuntos delitos societario, de cohecho, prevaricación, fraude a la contratación, contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coacciones. Algunos de ellos manipularon la contabilidad de la Comunidad de Regantes del Viar, con la supuesta intención de ocultar el exceso en el consumo de la dotación de agua establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Beneficios extra

Este exceso en el consumo de agua "era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad, con la intención generar unos ingresos extra en las cuentas de la comunidad", los cuales provenían de la facturación emitida por los referidos excesos permitidos en el consumo de agua; rebasando el límite establecido por la CHG, toda vez que los gestores de la comunidad "permitían excederse en el consumo a regantes que no formaban parte de dicha comunidad", según la Guardia Civil.

Los beneficios obtenidos a través de esta supuesta práctica delictiva, en torno a los 200.000 euros, eran ocultados por los citados gestores de la comunidad al resto de los regantes, según la investigación.

Falsificaciones

En paralelo, las pesquisas habrían revelado que la CHG habría formalizado el arrendamiento de unos terrenos a la Comunidad de Regantes del Viar, "no habiendo sometido el mismo a un proceso de licitación", además de que para la concesión de los terrenos, "se incumplían de forma taxativa" los requisitos, pues las condiciones impuestas por CHG exigían que dichos terrenos no podían ser explotados, no podían tener un fin lucrativo y no se podían ceder a terceros, así como la finalidad que se le iba a otorgar a los mismos eran una experiencia de riegos.

Finalmente, los agentes habrían constatado que la comunidad llegó a ceder dichos terrenos a la cooperativa de Productores del Campo de Alcalá del Río, para sembrar naranjos de una variedad de naranjas patentada y con el último fin de obtener beneficio económico de ello. A pesar de ello, "ambas entidades falsearon informes con la intención de simular experiencias de riegos y ocultar la verdadera finalidad que se le había dado a los mismos", según el Instituto Armado.

Regalos

Otro de los aspectos descubiertos sería la creación de dos balsas para riego en la Comunidad de Regantes sin plan de emergencias, además rebasarse la cota de capacidad permitida. Según la Guardia Civil, aunque la CHG habría realizado inspecciones en la referida comunidad de regantes, "en las correspondientes actas del resultado de las inspecciones no se hizo referencia a las anomalías", pesando la idea de que de todas estas irregularidades, tenían supuestamente conocimiento algunos  dirigentes de la CHG, que no habría corregido las citadas situaciones.

Incluso de la investigación realizada se habría llegado a constatar que algunos dirigentes de la CHG "llegaron a recibir obsequios y dádivas por parte de la referenciada comunidad de regantes". Entre estos regalos se encontraban jamones de bellota que servían como soborno.  "Los guardas fluviales obtenían cuantiosas compensaciones económicas, además de dadivas consistentes en cantidades ingentes de productos recogidos en la cosecha y de los cultivos regados, aprovechando incluso sus vehículos oficiales para realizar la carga de los mismos", indican.

Mensajes

“Tienes que hacer ajustar las lecturas con el volumen máximo concedido en este caso y en todos… Es culpa nuestra. Como la lectura final no es posible cambiarla, hay que cambiar la inicial, ¿ok? Y eso es lo que facturaremos. Este año nadie puede pasarse, ¿lo entiendes? De la margen derecha”, mensajeaba el jefe de la trama y gerente de la comunidad, Juan Jesús Zamudio.

La Comunidad del Viar solo tenía permiso para regar las fincas de la margen izquierda del canal del Viar en 11.000 hectáreas de seis municipios, hasta 2010. Ese año la cúpula ideó un sistema para desviar agua y beneficiar a un grupo selecto de amigos y familiares con grandes extensiones de cítricos, melocotones, almendros y olivos. 

Modus operandi

La investigación revela que los guardas, en el ejercicio de sus funciones, "estarían falseando las actas de inspecciones ordenadas por el organismo de Cuenca, avisando además con anterioridad a la empresa que iba a ser inspeccionada, facilitando de este modo la retirada de cualquier elemento prohibido que se estuviera utilizando en la extracción no autorizada de agua".

Para que todo funcionara debidamente en su beneficio alteraban los contadores volumétricos que controlan la cantidad de metros cúbicos de agua extraídos del río para el riego de los cultivos. “El exceso en el consumo de agua era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad (…) Los beneficios de esta práctica delictiva, en torno a los 200.000 euros [al año], eran ocultados por los gestores al resto de regantes”, detallan a El País.