Víctor se ha hecho famosos por la divulgación en redes sociales de un vídeo en que se ve cómo echó a los okupas que se habían instalado en su casa. Irrumpió junto a unos amigos en el chalé con palos y varas y sacaron a los allanadores, que habían entrado en la casa aprovechando que los dueños estaban de vacaciones, de forma violenta.
Este caso, que ocurrió en Murcia, ha reabierto el debate sobre la okupación en el país. Sobre la indefensión de los propietarios ante los allanadores, a los que se les reconoce desde el primer momento el derecho de quedarse en el inmueble que han tomado a la fuerza. Incluso si se abre un juicio, que es lento y complejo si entre los que se detecta que hay menores en la propiedad. Por lo que en ocasiones se pueden quedar durante años allí.
Propietarios, desesperados
La desesperación de los propietarios, que se quejan de que deben seguir pagando la hipoteca, lleva a que se tomen la justicia por su mano y superen una línea roja en cualquier ordenamiento jurídico. Es lo que ocurrió en el caso de Víctor, cuya actuación se hizo viral y justificó que lo único que hacía era defender a su familia.
Un inmueble okupa en Barcelona / FOTOMONTAJE CG
Ahora, los okupas a los que echó de su casa plantean denunciarlo. Y Víctor lo puede pagar muy caro, incluso con penas de cárcel. Podría ser acusado de un delito de coacciones, castigado con penas desde los seis meses hasta los tres años de cárcel. A otro de realización arbitraria del propio derecho, que conlleva una multa económica a discreción del tribunal que analice el caso.
Apoyo de las redes sociales
Víctor, por su parte, denuncia la situación de “completa indefensión” que vive. “Sabiendo cómo funcionan las cosas, siempre les va a salir más barato pagar una multa que un abogado”, ha manifestado en declaraciones a Cuatro.
Por ahora, sí que ha conseguido el apoyo de millones de usuarios de redes sociales. El propietario que se tomó la justicia por su mano ha lamentado que en España “los propietarios tengan menos derechos que un okupa”, un pensamiento que comparten muchas personas ante la oleada de allanamientos que ha habido. Especialmente desde el inicio de la pandemia, cuando por ley se pararon todos los procesos de ejecución que se instruían en los tribunales del país.
Verano, época complicada
El verano es una época especialmente propicia para las okupaciones, ya que las mafias que han surgido ante este vacío legal aprovechan que las casas están vacías. Víctor mantiene que casos como el suyo no se trata de allanamientos por necesidad, “se compraron hasta una piscina”.
El hombre asegura que actuó en caliente, pero defiende que lo hizo por defender sus derechos. Asegura que los allanadores estaban comprando muebles y decorando su casa a sus gustos y que no vivían una situación social de necesidad. Con todo, la ley puede ir en su contra y puede acabar en la cárcel.
Legislación española
La actual legislación del país ofrece a los okupas la posibilidad de denunciar a los propietarios del inmueble que han allanado por coacciones. Se trata de un punto controvertido de la norma que ya generó en su día una oleada de indignación.
En cuanto al caso de Víctor, se critica que se tomara la ley por su mano, pero existe una cierta empatía social por su actuación ante la indefensión legal de los propietarios. Con todo, los jueces enmiendan que siempre salga ganando los okupas. El magistrado Diego Álvarez aseguró hace unos días en Espejo Público que cuentan con los instrumentos legales suficientes para proteger sus derechos. “Si hay interés de un propietario en echar a los okupas, el desalojo es inmediato”, aseguró.
La recomendación de todas las voces jurídicas y judiciales es unánime, cualquier actuación en este sentido debe moverse dentro de los cauces legales. Recuerdan que saltarse las normas sale caro.