Vanesa M.P., la mallorquina acusada de matar a su hija de menos de dos años, en Zaragoza, había perdido la custodia de tres de sus cuatro hijos en varias ocasiones. De hecho, tres de ellos habían sido tutelados por los servicios sociales de Cataluña, Aragón y Baleares.
La pequeña falleció la noche del 21 de enero de 2021. Fue su propia progenitora quien alertó a los servicios de Emergencias en una llamada de que su hija no respiraba. A su llegada, los sanitarios no pudieron hacer nada por estabilizar a la pequeña.
Hallan drogas en el organismo de la bebé
Los médicos forenses encontraron varios hematomas y más de 100 contusiones en su cuerpo. La autopsia reveló también que la bebé había ingerido drogas de forma habitual. En concreto, cannabis y cocaína.
Durante la investigación, la Policía Nacional ha hallado cientos de mensajes telefónicos entre la madre y su pareja en los que ambos se explicaban los malos tratos y torturas a los que sometían a la menor. “La he encerrado en el armario por mearse, cuando se porte mal la colgaré”, se podía leer en uno de ellos. Ambos se encuentran en prisión provisional por asesinato.
Retirada de la custodia
La primera hija de Vanesa llegaba al mundo en 2011; a los tres meses, los servicios sociales ya detectaron que la pequeña estaba en situación de riesgo. Tras serle retirada la custodia en 2013, la niña volvió con su madre en 2014.
En 2016, nacería su segundo hijo y se trasladaría a Lloret de Mar (Girona), con su nueva pareja. En 2018, la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña abrió un expediente de desamparo en su contra. Ese mismo año, la mallorquina alumbraba a su tercera hija, la menor fallecida en Zaragoza. Si bien poco después se le retiraría a custodia total al considerar que estaba incapacitada para ejercer de madre al probarse que maltrataba a sus hijos.
La justicia le devuelve la custodia
Finalmente, en diciembre de 2019 tuvo a su cuarto hijo. El padre de este último es Cristian, el joven que también está acusado por delito de asesinato. Contra todo pronóstico, en febrero de 2020, el juzgado de primera instancia número 6 de Girona le devolvió a sus hijos que hasta aquel entonces habían permanecido con su anterior suegra. En agosto, se mudaron a Zaragoza.
Allí, los servicios sociales aragoneses recibieron una alerta por parte de sus homólogos catalanes. Según ha trascencido, los técnicos intentaron ponerse en varias ocasiones en contacto con la mujer, pero ella lo rechazó. El 30 de octubre se solicitó la intervención de la Fiscalía de Menores. Tres meses después, se producía la muerte de la niña.