Un hombre que iba a ser juzgado el lunes 29 de noviembre por abusar sexualmente y violar a la hija de su mujer durante seis años de forma continuada fue hallado muerto en su domicilio de Marratxí (Mallorca) el pasado domingo. Un día antes de sentarse en el banquillo.

Los primeros indicios apuntan a que el sospechoso decidió acabar con su vida. Su pareja se encontró el cadáver el hombre, de 55 años, por la mañana en su vivienda. La Guardia Civil y la Policía Local de Marratxí se trasladaron hasta el lugar y los servicios sanitarios certificaron el fallecimiento.

Suicidio

La fiscalía reclamaba para el procesado una condena de doce años de prisión por forzar a la menor a mantener relaciones sexuales de todo tipo cuando ella tenía entre 8 y 14 años, entre 2010 y 2016. El sospechoso fue detenido hace unos años por estos hechos, pero estaba en libertad.

Las investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil y una comisión judicial en la vivienda no apreciaron signos de violencia y descartaron la intervención de otras personas en su muerte. Algunos incidios apuntan a que el hombre habría ingerido una gran cantidad de fármacos.

Abusos

El acusado comenzó a abusar de la víctima cuando ella tenía ocho años con tocamientos. La situación se agravó a partir de 2011, cuando el inculpado comenzó a obligar a la menor a que le efectuara felaciones. Después, cuando la niña cumplió diez años, la forzó a mantener relaciones sexuales completas.

Las violaciones se cometieron tanto en el vehículo del hombre como en los diferentes domicilios donde residió la familia. Para que la menor guardara silencio, el procesado le hacía regalos de forma continuada.

Delito

Los hechos finalmente salieron a la luz y en 2018 el hombre fue detenido e interrogado, aunque quedó en libertad al día siguiente. Después de diversas investigaciones, el sospechoso se enfrentaba a un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y bucal. 

Además de la condena de 12 años de cárcel, la fiscalía reclamaba una indemnización de 24.000 euros para la víctima y una orden de alejamiento que le prohibiera acercarse o comunicarse con ella durante 10 años. Tras el fallecimiento del acusado, el caso quedará archivado.