La Fiscalía de Anticorrupción pide seis años de cárcel, otros seis de inhabilitación y una multa de 7.200 euros para Fernando Villén por haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental. Según concluye el Ministerio Público, el que fuera el mayor responsable de Faffe --la fundación pública para formar a los parados andaluces-- utilizó los fondos del organismo para pagar los servicios de las prostitutas de los burdeles andaluces que visitaba con asiduidad, así como las orgías con terceros no identificados que organizaba en algunos clubs de la capital hispalense.
En concreto, se estima que el ex secretario de Empleo del PSOE en Andalucía se gastó 32.566 euros de las arcas públicas para satisfacer sus necesidades sexuales. Una cuantía que luego trató de ocultar mediante la falsificación de la contabilidad.
Malversación y falsedad documental
Por este motivo, Anticorrupción pide también seis años de prisión, otros seis de inhabilitación y una multa de 6.000 euros, para Anna Valls, exgerente de Faffe y persona de máxima confianza de Villen en la fundación. En este sentido, a Valls se la acusa de falsear los números de la fundación y de justificar las costas de su superior con gastos falsos.
Asimismo, el informe del fiscal recoge que parte de los fondos públicos se destinaron, también, a la realización de compras en grandes almacenes, el pago de estancias en hoteles, comidas en restaurantes, facturas del mecánico y visitas a discotecas. Además, detalla que todas las operaciones se pagaron con tres tarjetas de crédito, que contenían dinero proveniente de la Junta de Andalucía.
Orgías de casi 15.000 euros
El mayor encuentro sexual financiado con parte del erario público tuvo lugar entre los días 22 y 23 de marzo de 2010 en el club Don Angelo, de Sevilla. Se calcula que en tan solo dos días, Villén gastó 14.737 euros, aunque la cifra asciende hasta los 25.277 euros si se comprende todo el tiempo que estuvo en el cargo.
La ya extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo fue constituida en mayo de 2003 y llegó a tener una red de hasta 52 centros repartidos en toda la comunidad. No obstante, la Guardia Civil ya destapó la contratación "a dedo" de más de 200 personas, todas ellas vinculadas al PSOE o a los Sindicatos.
De hecho, a Anna Valls se le blindó el contrato durante el período en que Villén estuvo en el cargo. Por todo ello, el Parlamento Andaluz mantiene abierta una comisión de investigación para examinar la gestión del ente.