Gregorio Sánchez, un anciano de 84 años, lleva cuatro años de batalla legal contra el Banco Popular después de haber perdido todos sus ahorros durante el proceso de adjudicación que sufrió la entidad por parte del Banco Santander.
Según informa El Confidencial, Sánchez perdió un total de 735.249 euros. Un escenario que sumió al anciano en una situación de pobreza absoluta y que desde entonces sobrevive gracias a la beneficencia. En concreto, de una paga de 200 euros mensuales y de los comedores sociales.
La justicia da la razón a Gregorio
Sin embargo, ahora, tras cuatro años de litigio con la entidad, la justicia ha dado la razón a Gregorio: la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de L'Hospitalet de Llobregat reconoce que Gregorio fue invirtiendo en la compra de acciones asesorado por el banco de forma opaca y sin ser informado de la situación de insolvencia que atravesaba la entidad.
"Lo hizo, sin tener conocimientos económicos ni financieros específicos en la materia, únicamente a partir de la información facilitada por la propia entidad financiera y de la publicidad que Banco Popular ofrecía a la sociedad en general", destaca la magistrada.
'Mala' praxis por parte del banco
Asimismo, la juez considera que accionistas e inversores “han permanecido fieles al banco, en la creencia errónea inducida por Banco Popular, de que dicha entidad era solvente, de que era un banco que cumplía con la legalidad vigente, con sus obligaciones, y que se encontraba en una situación financiera saneada, normal”.
En este sentido, el tribunal concluye que Gregorio fue engañado hasta la fecha del 7 de junio de 2017. Ese mismo día salió a la luz el escándalo y el Popular fue adjudicado al Santander. Una operación que se realizó por el valor de un euro. Tras la resolución, el bufete de abogados Duran & Duran, representantes legales de Sánchez, han solicitado la demanda de ejecución provisional para que el anciano pueda recuperar sus fondos lo antes posible.