Impactantes y violentas imágenes de una residencia de personas con discapacidad donde se puede ver cómo algunos miembros del personal maltratan cruelmente a varios de sus usuarios.

Los hechos sucedieron en 2017 y ahora, en el juicio, la Fiscalía de Málaga acusa a seis trabajadores de una residencia de personas con discapacidad de la misma capital andaluza por presunto maltrato y coacciones a usuarios supuestamente cometidos en el centro en 2017. Solicita cinco años de prisión para cada uno y acusa a un séptimo empleado por un delito leve de malos tratos.

Cámaras de seguridad

En su día, la dirección del centro, ante las sospechas, contrató a una empresa de detectives para comprobar si estaban en lo cierto; para lo que colocaron cámaras de vídeovigilancia. Éstas permitieron comprobar lo que sucedía.

Las acciones que vieron sorprendieron a los responsables de la investigación y se lo comunicaron a los responsables. En ellas, se veía como varios trabajadores “durante la noche, y guiados por el ánimo de menoscabar la integridad física de los usuarios de la residencia, le infligían un trato denigrante y humillante", señala la acusación.

Violencia física

Los vídeos muestran como un trabajador incluso propina múltiples puñetazos, “patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa”. Alguna de la violencia física era “de carácter leve” y “no llegaba a causarles lesiones” a los residentes, matiza la Fiscalía.

Pero como se muestra en las imágenes y señala el ministerio público, en muchas ocasiones los usuarios caían al suelo por los golpes que les propinaban, y allí “eran nuevamente agredidos”. Un hecho que se agrava teniendo en cuenta que  “debido a la discapacidad que presentaban” las víctimas no podían “defenderse o pedir auxilio”.

Humillaciones e insultos

En sus agresiones, los supuestos responsables dirigen a sus víctimas “expresiones despectivas tales como 'perro, asqueroso’”. A ello cabe añadir que los acusados bloqueaban las puertas emergencia, las de los baños, así como las de algunos dormitorios, para impedir “que los usuarios que allí dormían pudieran salir", apunta la acusación.

La defensa pública recuerda que los usuarios de la residencia eran personas "con graves discapacidades intelectivas y totalmente dependientes para las tareas de la vida diaria", y los trabajadores denunciados aprovecharon este "especial desvalimiento".

Peticiones de cárcel

Ante las imágenes y los hechos, la fiscal acusa a seis de los trabajadores por un delito de trato degradante, por el que solicita dos años de prisión para cada uno; a otro de ellos, se le acusa de coacciones, por el que pide tres años de cárcel; y, por cinco, de maltrato de obra, por el que solicita el pago de una multa de 9.000 euros. Todos los delitos son con carácter continuado.

El ministerio público también acusa a un séptimo procesado de ser responsable de un delito leve de maltrato de obra y pide una multa de 1.800 euros. Asimismo, insta a que se imponga a los acusados el alejamiento de las víctimas y a que las indemnicen en la cantidad que se determine.