La ocupación de una vivienda por parte de una tercera persona es una situación que puede alargarse durante meses e, incluso, más de un año. La velocidad con la que se detecte y se denuncie la presencia de okupas en la vivienda es esencial, ya que dentro de las 48 primeras horas la policía puede actuar.

Es altamente recomendable mantener un control periódico, sobre todo, de las segundas residencias o casas de verano ya que, en el caso de que los okupas se instalen, el proceso legal se extenderá en el tiempo. Pero sobre todo, lo más importante es no tomarse la justicia personalmente ya que en este caso los propietario podrían incurrir ellos mismos en un delito.

Dos opciones legales

El propietario de la residencia ocupada tiene dos vías legales para actuar: una se enmarca en el código civil y la segunda en el código penal. La vía legal que se elija marcará la velocidad de actuación de la justicia y también el coste de los trámites. La vía civil suele ser un procedimiento menos costoso pero más lento, por ello se suele reservar para la presencia de okupas en segundas residencias. Aunque también en estos casos pueda procederse por vía penal.

En este segundo caso, la denuncia contra los okupas sería por un delito de usurpación de bienes inmuebles e, incluso, un delito de allanamiento de morada, si se tratara de la ocupación de la residencia habitual. Si el juez considera que se ha incurrido en un delito de allanamiento, podría imponer una pena mayor.

El desalojo

La única institución que puede llevar a cabo un desalojo es la policía y siempre que cuente con una orden para ello. El concepto de la inviolabilidad del domicilio impide que los agentes policiales accedan a la residencia sin una orden judicial, a no ser que el delito se esté cometiendo en ese mismo momento (lo que se denomina un delito flagrante). Pero este hecho no suele ocurrir.

 Por ello, la rapidez de denuncia es decisiva para volver a tener el control de la propiedad y el desalojo de los moradores indeseados. Una vez que los okupas se encuentren instalados, el proceso legal es insalvable. Los consejos más útiles en esta situación son continuar la senda judicial, no dejar de pagar los gastos de la vivienda (ya que si no se abonan las facturas de agua, luz, gas, etcétera se estaría incurriendo en delitos contractuales y jugaría a nuestra contra) y, sobre todo, paciencia.