Nuevo revés para Joaquín Sabina. El cantante ha perdido el recurso presentado ante la Audiencia Nacional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del trienio 2008, 2009 y 2010 y deberá pagar a Hacienda los 2,5 millones de euros, que le pide en concepto de derechos de autor de esos tres años.

El tribunal da la razón a la Agencia Tributaria que acusa al intérprete de Úbeda de haber realizado una declaración errónea para que se le aplicara un gravamen inferior. Con esta nueva resolución en contra, Sabina agota la vía administrativa al perder por tercera vez ante el fisco después de presentar un recurso primero ante el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y luego otro ante el Tribunal Económico Administrativo Central.

La sala establece una relación directa entre las sociedades y Sabina

La sentencia establece que junto a sus hijas, Sabina era socio o administrador de tres empresas: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas. Según el veredicto, a través de las tres sociedades el cantante gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota, un velero y libros antiguos, entre otras propiedades. De hecho, durante el trienio que abarca la inspección de Hacienda, las tres mercantiles generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación.

De este modo, al igual que para el fisco, los magistrados de la Audiencia Nacional establecen una relación directa con el cantautor y las tres compañías “ya sea por servicios facturados o por cobro de derechos de autor”. En esta línea, consideran que la intervención de Joaquín Sabina constituía el elemento esencial y la prestación del servicio correspondiente.

La defensa de Sabina

En su defensa, Sabina alegó que no tenía relación con alguna de esas sociedades. Si bien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya declaró "inverosímil" ese argumento al determinar que el ubetense tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado.

Hacienda, en su liquidación a Sabina, acordó con anterioridad incrementarle la base imponible del IRPF después de que el cantante hubiera pagado menos tributos con sus empresas por el Impuesto de Sociedades. De ahí la obligatoriedad de pagar ahora la deuda contraída por 2,5 millones de euros por sus derechos de autor.