Los actores y protagonistas de la exitosa serie de Televisión Española, Cuéntame cómo pasó, se enfrentan a elevadas penas de prisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Concretamente, piden 32 años para Ana Duato y 27 años para Imanol Arias por varios delitos fiscales cometidos a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria.

La operación, que recibe el mismo nombre que el bufete de abogados investigado, reclama 300 años de cárcel para el máximo responsable del despacho, el abogado Fernando Peña, por liderar lo que han considerado una organización criminal. En total hay 29 acusados, además de los actores, entre los que se encuentra el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu, productor de Cuéntame y por el que piden 18 años de cárcel. 

Acusados de varios delitos

La Audiencia Nacional propuso el pasado junio juzgar a 31 personas por el conocido como caso Nummaria, nombre del despacho de abogados que se dedicó, presuntamente, a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos y defraudar a Hacienda cuotas millonarias. 

Se les acusa de delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal. A Arias se le atribuye un delito contra la hacienda pública y a Duato, además, uno de falsedad documental. En total, se acusa a la actriz de siete delitos fiscales, mientras que al actor le atribuyen seis, al no considerar delictiva su declaración del año 2009.

Consideran excesiva la petición

Tal y como reza el escrito de la acusación, "una parte muy importante de los clientes del despacho Nummaria ha utilizado estructuras societarias opacas diseñadas por éste con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país".

Imanol Arias ya ingresó en Hacienda más de dos millones de euros cuando se iniciaron las actuaciones, y Ana Duato devolvió cerca de 800.000 euros, por lo que consideran "excesiva" la petición de años. Además subrayan que, en general, cuando un acusado repone el dinero se rebaja la petición a dos años. Sin embargo, la Abogacía demanda cuatro años por cada delito fiscal siendo el máximo de cinco.