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Someten a un recién nacido a la prueba de identificación de grupo sanguíneo /EP

Una prueba de ADN confirma el intercambio de bebés en un hospital de Logroño

La Consejería de Salud riojana atribuye el cruce de neonatos a un "error humano" y ofrece 215.000 euros a una de las víctimas

3 min

El Juzgado de Familia de Logroño (La Rioja) ha confirmado que hubo cruce de bebés en el antiguo hospital de San Millán de la capital riojana, una vez que se ha recibido la prueba de ADN de uno de los progenitores. Los hechos ocurrieron en 2002, cuando dos niñas nacieron el mismo día en el centro sanitario --que ya no existe-- con tan solo cinco horas de diferencia.

Ambas requirieron pasar por la unidad de incubadoras y se cree que  fue en el momento de pasar al área de cunas cuando fueron entregadas por error a los padres equivocados. El examen realizado corresponde al padre biológico de la niña que, en 2017, fue demandado por su teórica abuela --tutora legal de la menor-- por incumplimiento de la pensión de alimentos.

Proceso

La juez de Familia ordenó una prueba de paternidad al demandado, que confirmó que no era su padre biológico y que, además, reveló que la que se pensaba que era la madre biológica, tampoco lo era. Fue en ese momento, cuando la por aquel entonces menor de 15 años reclamó la investigación para dar con su veracidad biológica.

Tras escuchar la solicitud de la joven, la Consejería de Salud de la Rioja inició una averiguación que concluyó el pasado 7 de septiembre. En el informe final se atribuyó el intercambio de bebés a un error humano, según afirmó, ese mismo día, la titular del departamento, Sara Alba.

Filiación

El diario La Rioja adelanta este lunes que el pasado 14 de octubre se celebró, en el Palacio de Justicia de La Rioja, y a puerta cerrada, la vista por el procedimiento de filiación. En ella se reconocía de forma legal a la joven de ahora 19 años como hija de sus padres biológicos. No obstante, su madre falleció en el año 2018.

Por este motivo, la afectada ha reclamado a la Consejería de Salud tres millones de euros por haberle causado daños morales. Si bien, la administración autonómica tan solo le ofrece 215.000 euros.