El gobierno de Nueva Zelanda tiene una guerra abierta con sus granjeros: para hacer frente al cambio climático, han propuesto un impuesto para los gases de efecto invernadero que producen los animales de granja al eructar y orinar. Un pago que no tendría una cantidad exacta pero que se empezaría a hacer en 2025.
Según la primera ministra del país, Jacinda Arden, la ventaja de esta nueva medida será que "reducir estas emisiones ayudará a los agricultores neozelandeses a ser no sólo los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo". A esto se suma la voluntad de querer cumplir con su objetivo de reducción de metano del 10% para 2030 y hasta un 47% para 2050.
Los granjeros, en pie de guerra
Sin embargo, los granjeros de Nueva Zelanda están de lo más indignados y no han tardado en condenar esta medida. Federated Farmers, el principal grupo de presión del sector, ha asegurado que el plan "arrancaría las tripas de los pequeños pueblos de Nueva Zelanda" y que las granjas serían sustituidas por árboles.
Muchos otros han recriminado a las autoridades que no se haya llegado a una solución mejor tras más de dos años trabajando mano a mano con el gobierno en un plan de reducción de emisiones que no tuviera un impacto negativo en la producción de alimentos.
¿Ventajas?
Andrew Hoggard, presidente de la federación, lo tiene claro: "Los agricultores venderán las granjas tan rápido que ni siquiera se oirán los ladridos de los perros en la parte trasera de la camioneta mientras se marchan". A pesar de ello, el gobierno ha afirmado que esta tasa agrícola no debería tener un efecto negativo en el bolsillo de los granjeros.
No obstante, ahora se encuentran con el frente abierto de conseguir un acuerdo entre ambas partes, supuestamente para principios de 2023. De no ser así, los granjeros podrían iniciar una revolución y el Partido Laborista de Ardern perdería simpatizantes para las próximas elecciones.