Vehículos circulando por la Zona de Bajas Emisiones (ZEB) de Barcelona / Cedida

Vehículos circulando por la Zona de Bajas Emisiones (ZEB) de Barcelona / Cedida

Business

Piden la ejecución de la sentencia que anula la ZBE

Una plataforma entrará una solicitud para que el TSJC consolide la decisión de tumbar la ordenanza contra la contaminación

23 marzo, 2022 08:08

Primera entidad que se moviliza para consolidar la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. Una plataforma redactará un primer escrito para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ejecute la resolución que derriba la ordenanza contra la contaminación de la Ciudad Condal y entorno. 

Según ha avanzado Tot Barcelona, los promotores son la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (Parc), que aseguran que no esperarán a la decisión del Tribunal Supremo ante un eventual recurso de casación que puedan presentar el Ayuntamiento de Barcelona o el Área Metropolitana. La agrupación pedirá ejecutar la decisión y, así, abrir la puerta a anular cerca de 70.000 multas

Cónclave entre administraciones

El anuncio de que un grupo de conductores pedirá anular de forma inmediata la ordenanza contra la contaminación llega a horas de que la Administración local se reúna con otras instituciones para abordar la resolución del TSJC, que supone un mazazo para el gobierno local de Barcelona. 

El Ejecutivo local debatirá si presenta un escrito de casación al Supremo con el resto de administraciones implicadas. Con ello, buscaría sostener la ZBE después de que el Tribunal Superior la anulara por falta de rigor económico y técnico, entre otros. 

Seis de diez recursos admitidos

La segunda instancia judicial derribó la ordenanza contra la polución aprobada en 2019 porque, entre otros argumentos, indica que no se puede penalizar a los conductores con menos renta, o que los datos sobre calidad del aire no están bien medidos. 

Ante ello, el Gremio del Motor y patronales como Fecav ya han pedido que se deje en nada una norma que impide la circulación de unos 50.000 vehículos en Barcelona y conurbación. De hecho, desde el sector empresarial se estudia reclamar al ayuntamiento las inversiones en renovación de flota.