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Matthias Müller, consejero delegado del Grupo Volkswagen en una imagen de archivo / EFE

Volkswagen y Bosch intentan que la información sobre el ‘diéselgate’ se quede en EEUU

Ambas compañías solicitan al juez federal que ha llevado el caso que no remita las más de 20 millones de páginas de documentación a inversores y propietarios de vehículos en Europa

2 min

Volkswagen y Bosch han solicitado al juez federal de Estados Unidos (EEUU) que rechace las peticiones de inversores europeos y propietarios de vehículos afectados por el diéselgate, el escándalo internacional al instalar un software que altera las emisiones de óxido de nitrógeno al detectar que se hace una inspección del vehículo, de que comparta la documentación que ambos grupos han aportado a la causa.

Las más de 20 millones de paginas de documentación sobre el caso que se ha instruido en EEUU facilitarían establecer los términos de las demandas particulares en Europa, algo que el grupo automovilístico y el fabricante de componentes para vehículos intentan evitar a toda costa. Han recordado que las autoridades alemanas han rechazado estas peticiones al considerar que podrían afectar a la investigación oficial.

1.200 demandas contra Volkswagen

El gigante alemán de la automoción se enfrenta a más de 1.200 demandas y ha aceptado pagar 14.732 millones de euros al tipo de cambio actual (16.500 millones) para resolver las reclamaciones de algunos propietarios de vehículos, concesionarios y organismos reguladores.

La empresa colabora con el Departamento de Justicia de EEUU, encargado de la investigación en el país, y le remitió el pasado viernes más de 20 millones de páginas de documentación que prevé completar en los próximos días. Se trata de información que proviene de la investigación interna sobre el diéselgate.

Bosch se agarra a las leyes de privacidad

Por su parte, Bosch indica que los datos que aparecen en los dos millones de páginas de documentación que ha aportado a la causa son información sensible que está protegida por leyes de privacidad extranjera.

Entre los grupos europeos que están reclamando el acceso a dichos documentos se encuentran la asociación italiana Altroconsumo, el Ayuntamiento de Wolverhampton (Reino Unido) y también la organización holandesa Dutch Settlement Foundations.

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