Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
Volkswagen afirma que hay querellas que pretenden aprovecharse de la situación para obtener un beneficio económico.

Volkswagen se niega a un peritaje independiente del ‘diéselgate’ en España

Los representantes legales de la automovilística, el bufete Cuatrecasas, defienden que se trata de un caso de consecuencias internacionales

Cristina Farrés
4 min

La instrucción del caso Volkswagen en la Audiencia Nacional ha generado la primera queja de la Unión de Consumidores de España (UCE). El gigante de la automoción alemán se ha negado a iniciar un peritaje independiente de los vehículos afectados en el país por la instalación de un software que altera los límites de las emisiones de óxido de nitrógeno, conocido por el nombre de diéselgate.

Así lo había solicitado la organización que representa los derechos de los consumidores, indican fuentes de la entidad. Pero se ha topado con la negativa de sus representantes legales, el bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Investigación internacional

Los letrados de Volkswagen argumentan, según los mismos interlocutores, que se trata de una causa internacional con causas abiertas en varios países. En cada uno de ellos se analiza qué consecuencias legales y, básicamente, económicas supone para el grupo la manipulación de las emisiones de ciertos motores y modelos diésel.

También hay otras causas que investigan quién fue el responsable directo de permitir que se instalara el software en los motores y para conocer el alcance de la responsabilidad de la antigua cúpula.

Acreditación de los daños

Desde el portal Reclamador se unen a las protestas de UCE. Afirman en un comunicado que, de acuerdo con el derecho español, se deben acreditar de manera objetiva los “daños sufridos en los vehículos”. Apuntan que el peritaje independiente debería dejar claro que, tal y como asegura Volkswagen, la manipulación solo afecta al límite de emisiones y que la retirada del dispositivo no se materializará en una pérdida de potencia o de incremento de consumo del vehículo.

Va un paso más allá al cargar contra el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Le acusa de “no tomar ninguna medida para dar soluciones a los consumidores” por haber sucumbido a presuntas presiones de Volkswagen España con la evolución del negocio en las plantas de Landaben (Navarra) y el headquarter de Seat en Martorell (Barcelona). Fuentes cercanas a la automovilística niegan de plano que se haya usado esta carta para minimizar las consecuencias del diéselgate.

Investigación en la Audiencia Nacional

El consejero delegado de Reclamador, Pablo Rabanal, lamenta que los consumidores en España estén “menos protegidos que en otros países como Estados Unidos”.

Ambas organizaciones piden un cambio de parecer a la hora de cuantificar las indemnizaciones que deben recibir los propietarios de vehículos diésel con el software instalado. Aún no se les ha llamado a la revisión para retirarlo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó un auto hace aproximadamente un mes en el que declaraba la automovilística alemana investigada (la antigua figura de la imputación) y le acusa de los delitos de defraudación, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.

Volkswagen tiene provisionados 18.500 millones para hacer frente a las responsabilidades legales derivadas del diéselgate en todo el mundo. Por el momento, solo EEUU le ha interpuesto una multa de 13.600 millones al tipo de cambio vigente.
Destacadas en Business