Los vigilantes de Ombuds perderán la Ciutat de la Justícia a finales de enero

El proceso de liquidación de Ombuds propiciará que el que fuera el tercer grupo de seguridad privada del país pierda otro gran contrato a finales de enero. El próximo 31 de enero decaerá la concesión de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, cuya plantilla fue de las más movilizadas en verano por los impagos acumulados hasta que se declaró la suspensión de pagos.

Por el momento, la administración concursal busca una solución para esta contrata. El letrado Ferran Zaragoza, del bufete Baker Tilly, ha admitido ante los trabajadores afectados que la concesión decaía al terminar el año, igual que el de las prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, pero que consiguió una prórroga de un mes. Ha usado este tiempo para intensificar la búsqueda de ofertas interesadas, según su mismo relato, igual que para los otros servicios que aún presta el gigante fundado por la familia Cortina y el fondo de inversión estadounidense JZ Business.

Venta de unidades productivas desierta

Todo ello, en el marco del proceso de liquidación de Ombuds. La titular del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, declaró desierta la fase de recogida de ofertas para las unidades productivas en venta a mediados de diciembre. Se esperaba que alguna compañía del sector pujara por parte de los contratos, como ya ocurrió en verano con Prosegur.

Zaragoza incluso se había mostrado optimista ante los representantes de los trabajadores sobre las negociaciones que había emprendido en este sentido, tal y como explican los sindicalistas. Finalmente, ninguna de ellas se concretó.

Dos trabajadoras de Ombuds en una protesta porque no cobraban en verano ante la Ciutat de la Justícia de Barcelona / CG

Preparación de un ERE

La única alternativa actual es la venta al detalle de cada una de las contratas. Si no se encuentra una empresa que asuma la subrogación, las Administraciones y los privados que habían contratado los servicios de Ombuds deberán volver a lanzar los respectivos procesos de contratación pública.

Mientras, desde ADN Sindical explican que el administrador ha comunicado que “pasadas las fiestas navideñas” se iniciarán las gestiones para “abrir el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE)”. La reestructuración afectaría “a toda la empresa, sea estructura u operativa” y se aplicaría a todas las delegaciones nacionales. Los únicos que se librarían de él serían los vigilantes de seguridad privada que se pudieran subrogar en el caso de que existiera una oferta “para uno o varios servicios”.

Motivos de la falta de oferta

Los representantes de los trabajadores atribuyen al pasivo que arrastra el grupo su situación actual. Aseguran que los servicios que aún no se han subrogado tienen garantías de futuro, pero que son poco atractivos en el mercado por la deuda asociada de la compañía. Además, recuerdan que la operativa de los Cortina y JZ Business de los últimos años incluía contratos a la baja para intentar ganar músculo en el mercado de la seguridad privada de España. Hecho que deja poco margen de ingresos e incluso se les acusa de “bajas temerarias”.

Ombuds declaró de forma voluntaria su quiebra con un pasivo de 230,73 millones de euros. La mayoría de la deuda está categorizada como ordinaria (66,97 millones), seguidos de los créditos subordinados (44,12 millones) y los que tienen privilegio general (33,97 millones). La masa activa de la mercantil alcanza los 65,58 millones, cifra que sí cubre los 22,36 millones de créditos contra la masa que se han generado desde que se llevaron los libros de contabilidad a los juzgados en julio. Es decir, los primeros que se liquidan.

En el inicio del concurso de acreedores el grupo empleaba a más de 8.000 trabajadores. Cinco meses más tarde se ha quedado con 4.991 empleados en plantilla, el 20% del total. Cobran al día sus nóminas, un avance si se compara con los retrasos e incumplimientos acumulados hasta el verano. Con todo, su futuro está en el aire.