Vigilantes denuncian "falsos servicios mínimos" durante su huelga indefinida y la empresa recula

El sector de la seguridad privada en Cataluña se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 1 de julio. ADN Sindical comunicó el paro al Departamento de Treball en enero, pero la empresa Sabico ha tratado de imponer “falsos servicios mínimos” a los vigilantes en los juzgados de la provincia de Lleida. Los trabajadores, pese a no poder desplazarse por las restricciones de movilidad, querían secundar la manifestación, que arrancará a las 9:30 en la plaza Catalunya de Barcelona este jueves, mientras que la compañía les instaba a custodiar las sedes judiciales aunque, finalmente, ha reculado.

Fue la mediación del Departamento de Justicia la tarde anterior la que ha derivado en la rectificación de Sabico, según avanzan desde el sindicato. La compañía ha dejado sin efecto los turnos que había remitido a los trabajadores. Y es que, como explica su portavoz, Sergio Sánchez, la imposición de dichas jornadas vulnera su derecho a huelga. Por tanto, serán efectivos de Mossos d’Esquadra los que velarán por la seguridad en sedes judiciales mientras los trabajadores secundan la protesta, pese a que la mayoría de policías están destinados a los controles de entrada y salida de la comarca del Segrià por la nueva reclusión.

Servicios mínimos

La consejería de Chakir El Homrani estableció el pasado 29 de junio las condiciones para que el colectivo pudiese ejercer este derecho fundamental a la vez que se garantiza la seguridad en ferrocarriles, puertos y aeropuertos, así como instalaciones o almacenes de materias peligrosas en Cataluña. Por ello fijó que se prestaría el 100% del servicio para la protección de determinadas personas, así como del 95% en infraestructuras de especial relevancia, como petroquímicas, fábricas de armas o transportes públicos, por indicación del Departamento de Interior. En ningún caso la disposición, publicada en el DOGC, hacía referencia a sedes judiciales.

Sánchez señala que los vigilantes no quieren crear un caos con sus paros, pero reclaman a las empresas responsables --agrupadas bajo la patronal Aproser-- escuchar sus reclamos para poder desempeñar su labor sin perjudicar a la administración. Entre las quejas, la falta de personal, lo que deriva en una sobrecarga de trabajo para los efectivos disponibles --que cifran en una media de 300.000 horas extras anuales-- y la avanzada edad media --sobre los 50 años-- de los vigilantes. Lo que puede derivar, advierten, en “malos servicios de seguridad”.

Convenio de seguridad privada

El reclamo es la implementación de un convenio autonómico de seguridad privada que permita introducir mejoras salariares, que también supongan un aliciente para la contratación de nuevos vigilantes, y reforzar así la plantilla actual. “El salario base son 960 euros, con un plus de 100 más”, detalla Sánchez.

Representantes del sector de la seguridad privada se reunieron el 14 de julio con el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para trasladarle sus reivindicaciones. Un encuentro en el que el propio defensor les instó a llevar sus reclamos ante el Consell de Coordinació de Seguritat Privada, por ello solicitan que la creación de dicho convenio autonómico se incluya en el orden del día cuando se convoque de nuevo el consejo.