El vicepresidente de New Balance guarda silencio en el juicio por fraude

New Balance guarda silencio. El vicepresidente imputado de la marca de zapatillas, Paul Garon, se ha negado a responder a las preguntas de los abogados de su exsocio Experience, que le acusa de cerrar todas sus tiendas en España de forma fraudulenta. Garon ha tenido que declarar hoy como investigado en los juzgados de Plaza Castilla en el marco de la batalla judicial que mantiene la multinacional con su la empresa que se encargaba de los establecimientos.

Pese a los intentos del ejecutivo de intervenir por videoconferencia desde Boston, finalmente el juez no se lo ha permitido. Gauron, investigado por fraude, ha comparecido ante el juez, pero no ha querido responder a las preguntas de los abogados de Experience, según fuentes jurídicas.

Coacciones

Además de Gauron, este lunes han tenido que declarar en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid como investigados la ex directora general de New Balance Ibérica Anna Scheidgen y su hija Angela Scheidgen ,que la sustituyó al frente de la compañía en España y Portugal. Experience acusa en su querella a los directivos de New Balance de la comisión de tres delitos: coacciones, delito contra el mercado y acceso a información privilegiada.

Los abogados de Experience presentaron ante el juez instructor, Arturo Zamarriego, documentación protocolizada por un notario, con fotografías en las que se demuestra que después de obligar a Experience a cerrar todas las tiendas que gestionaba en España y Portugal y despedir a todos los empleados New Balance ha reabierto las tiendas en los mismos locales y con el mismo mobiliario de Experience.

Anna Scheidgen, directora general de Alfico y New Balance Iberia / MONTAJE CG

Concurso de acreedores

Los abogados consideran que se trata de una conducta delictiva tendente a apropiarse ilícitamente de todo el negocio y fondo de comercio construido por Experience Store ya que, según las mismas fuentes, se han apropiado de las mismas tiendas, del mismo mobiliario y de los sistemas informáticos utilizados por Experience. La batalla judicial arranca después de que New Balance rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group como la compañía encargada de gestionar y comercializar los productos de New Balance en España y Portugal durante la última década.

La decisión de New Balance provoca que Experience Store y Experience Store Outlet entrasen en concurso de acreedores y posteriormente un juzgado declarase la conclusión del concurso y la extinción de las sociedades. Esto provocó además el cierre de 22 tiendas en España y Portugal y el despido de unos 250 trabajadores.

Demanda de la plantilla

Frente a la decisión de la multinacional, Experience inició un procedimiento penal contra New Balance que se instruye en el Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid, por el que acusa a la compañía americana y sus directivos de la presunta comisión de delitos de coacciones, delito contra el mercado y acceso a información privilegiada. Experience cifra en unos 40 millones de euros el daño provocado.

Al mismo tiempo que se dirime la demanda penal en los juzgados, New Balance ha empezado a abrir tiendas propias en Madrid, Barcelona y Portugal, en los mismos locales donde estaban ubicadas las de Experience. Se trata de los locales de Las Rozas Village, San Sebastián de los Reyes Style Outlets y Getafe Style Outlets en Madrid; en Barcelona, La Roca Village y la única tienda física en calle (Rambla de Catalunya 49), justo en el local colindante donde Experience abrió la primera Flagship de Europa; en Portugal se reabre en el Freeport Fashion Outlet de Lisboa y en el Vila do Conde Fashion Outlet de Oporto.

New Balance, según han explicado fuentes conocedoras del proceso, ha decidido no volver a contratar a ninguno de los empleados que pertenecieron a Experience. Estos exempleados se están uniendo para demandar a la compañía por permitirles acceder al proceso de selección y entrevistas para las diferentes ofertas que ha publicado la multinacional para finalmente decirles que no se les contrata por "cuestiones legales".