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Dolors Bassa, consejera de Trabajo, Bienestar Social y Familias en una rueda de prensa en junio.

Varapalo judicial a la Generalitat y Pimec por el reparto de representatividad patronal

El TSJC desestima los recursos para iniciar un proceso de acreditación de los asociados, aunque el Gobierno afirma que la cuestión está zanjada con la nueva división

4 min

La guerra patronal que se vive en Cataluña suma esta semana un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado a la Generalitat, Pimec, Foment del Treball y su patronal de pymes, Fepime, que archiva los recursos presentados por el Gobierno catalán y la organización presidida por Josep González con el objetivo de cambiar el sentido de una primera resolución judicial y tener vía libre para poner en marcha un proceso que acredite y mida el peso de las organizaciones empresariales a partir de los asociados.

En el nuevo auto, al que ha tenido acceso Crónica Global, los magistrados de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal aseguran que a pesar de los esfuerzos de los representantes legales de ambas instituciones, “ninguno de los argumentos puede prosperar”.

Intereses económicos

El tribunal es especialmente duro con Pimec. Afirma que en el recurso de reposición que presentó pone en “evidencia que su interés en alterarlo [el reparto que estaba vigente] es primordialmente económico”. Reconoce que se trata de un fin “digno de tutela como cualquier otro, su consideración como 'interés público' resulta difícilmente justificable”.

La abogacía de la Generalitat también erró en su argumentación legal. Se sustentó en un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, un “órgano meramente consultivo cuyos dictámenes ni tan solo son vinculantes para el Gobierno autonómico”, indica el TSJC, “por lo que no puede pretender que prospere un recurso de reposición que apela a una toma en consideración por parte de este Tribunal de un dictamen de tal órgano consultivo”.

Reparto de Dolors Bassa

Los afectados podrían presentar recurso de casación, aunque los portavoces de la Consejería de Trabajo, Bienestar Social y Familias, encabezada por Dolors Bassa, aseguran que no será necesario. Fue Felip Puig, consejero de Empresa y Ocupación en la legislatura pasada, el que intentó meter mano al reparto vigente y abrir el proceso de acreditación, por lo que el Gobierno de Junts pel Sí afirma que se trata de una pantalla pasada.

Dan por válido el reparto equitativo del 33% entre las tres organizaciones que están a la greña e indican que no hay ningún plan previsto en estos momentos para cambiarlo aunque en su día se vendió como una decisión temporal.

Foment y Fepime, las perdedoras

Foment del Treball y Fepime mantienen la mayoría en los órganos de concertación social, aunque pierden cuota. Han pasado de dominar conjuntamente el 75%, el peso histórico de la gran patronal desde la época de Jordi Pujol, a tener solo el 66%.

Pimec ha salido reforzado, ya que siempre había controlado el 25%, pero considera que el reconocimiento de Fepime es ilícito porque se alcanzó gracias a un silencio administrativo que fue ratificado en los tribunales. Ve en la patronal liderada por María Helena de Felipe a un competidor que le puede comer terreno, por lo que ha jugado la carta de la descalificación al asegurar que no se puede defender de verdad a las pymes adscrito a una gran patronal porque las grandes corporaciones son parte del problema de las empresas de menor tamaño, además de acudir a los tribunales.

Por el momento, en el capítulo jurídico no ha tenido suerte.

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