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Antonia Gil (izquierda), ex secretaria general de USOC, y su sucesora en el cargo, María Recuero (derecha).

USOC se defiende

El sindicato se remite al informe de la fiscalía que reconoce los tejemanejes de la antigua cúpula pero incide en que las cantidades defraudadas no llegan al mínimo para constituir delito

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“USOC, con más de 50 años al servicio de la clase trabajadora, es una organización que se precia de una trayectoria democrática, transparente y honesta a lo largo de toda su vida asociativa”. Así empieza la defensa del tercer sindicato en Cataluña tras la salida a la luz de los detalles del caso Astrea, la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona que trata de averiguar si se han producido delitos en la forma de gestionar la organización desde hace más de 18 años.

Las acusaciones no son menores. Se investiga si el sindicato y dos de sus empresas vinculadas, Serveis i Imatges y AFPES, incurrieron en irregularidades económicas de todo tipo. Desde la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, abonos de complementos arbitrarios a varios cargos que no fueron declarados, falsedad contable, fraude en subvenciones, fraude fiscal o a la Seguridad Social.

Gil y Giménez

En el centro de la causa se encuentra el matrimonio que lideró sin oposición durante años USOC, el conformado por la secretaria general durante 15 años, Antonia Gil, y el presidente de la cooperativa de viviendas vinculada, Paco Giménez.

La actual ejecutiva también está salpicada por el caso, ya que existen indicios de que se benefició de estas prácticas --la actual máxima representante, María Recuero, aparece como una de las personas que percibió mordidas-- y no las cortó de raíz al tomar las riendas del sindicato tras la renuncia de Gil. La nueva cúpula fue ratificada en un congreso celebrado en febrero de 2015.

Críticas a los denunciantes

Los portavoces de USOC aseguran que “el sindicato ha cumplido con sus obligaciones fiscales, tributarias de sus trabajadores y ha hecho un buen uso de los fondos públicos otorgados por las administraciones”, además de cargar contra los tres exafiliados a la organización que denunciaron los hechos que se investigan.

Repite que su intención es colaborar activamente con la justicia para esclarecer lo ocurrido y se escuda en un informe de fiscalía de diciembre de 2015 en el que apuntaba que “en lo analizado no observaba ni tan siquiera indiciariamente elementos racionales de criminalidad en el comportamiento de las nueve personas investigadas ni tampoco del sindicato”.

Escrito de Fiscalía

El ministerio admitió en ese escrito que existían irregularidades en la gestión de la organización pero que según la información que tenía en ese momento, las cantidades presuntamente defraudadas no llegaban al mínimo legal establecido para considerarse un delito. Así ocurrió en los diferentes ERE de suspensión aplicados en USOC y sus empresas asociadas o en el desvío de las subvenciones para cursos de formación, que se usaron para pagar a trabajadores del sindicato. 

Igualmente, no consideró administración desleal el pago de las mordidas a cargos del sindicato porqué se efectuaron con anterioridad a la entrada en vigor de la ley orgánica que rige las estafas y las apropiaciones indebidas.

Documentación pendiente de análisis

El documento de Fiscalía no es un informe de conclusión. Se trata de un escrito en el que el Ministerio denegaba la entrada de Mossos d’Esquadra a las dependencias del sindicato para buscar información. Señaló que la información aportada hasta ese momento del caso Astrea no se desprendían “indicios suficientes de la comisión de hechos con transcendencia penal, sino más bien ciertas irregularidades que en su caso deberían ser solventadas en el ámbito de las Administraciones Públicas o en el ámbito de gobierno y control del propio sindicato y de las entidades con él relacionadas”.

Con todo, dejaba la puerta abierta a un cambio de sentido en base al análisis de la documentación que tenía pendiente analizar “y que en su caso podría motivar un nuevo pronunciamiento sobre la necesidad de practicar alguna entrada y registro para intervenir documentación con transcendencia penal”.