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Imagen de un acto académico en la UIC / Cedida

La política laboral de la UIC contrasta con el código ético de la universidad

Los laboralistas advierten a la universidad vinculada al Opus Dei que comete una "ilegalidad flagrante" si convierte a sus profesores en autónomos

6 min

La Universidad Internacional de Cataluña (UIC), el campus vinculado al Opus Dei en Cataluña, lleva al límite su código ético con su nueva política laboral que pasa por convertir en autónomos a una parte significativa de sus profesores, tal y como advierten fuentes del campus. 

alfonso mendiz
Alfonso Méndiz (c), rector de la UIC, en un acto corporativo / Cedida

Los mismos interlocutores recuerdan que la UIC cuenta con un documento que debe cumplir todo el personal [este] que apuesta por el humanismo cristiano y que obliga a seguir buenas prácticas en materia laboral. Refleja los valores que se deben seguir en el centro privado y que "chocan", valoran los docuentes, con el cambio en la contratación de los profesores agregados avanzada por este medio. Hasta ahora eran personal por obra y servicio, pero la desaparición de esta modalidad en la última reforma aprobada por el Gobierno ha implicado que la alternativa para el curso que está a punto de empezar sea la de recurrir a contratos mercantiles. 

Buenas prácticas laborales

El punto 4.1 del Código de Conducta de la UIC establece el compromiso de la institución con los derechos humanos. Entre estos, destacan el reconocimiento de los derechos básicos "en conformidad con las leyes prácticas internacionales". El campus que dirige Alfonso Méndiz se compromete con "los principios que proclama la Organización Internacional del Trabajo". 

Con todo, este redactado contrasta con la política laboral real que se aplica, señalan los críticos. "No quiere apostar por contratos indefinidos para no pagar los meses de verano a sus más de 500 profesores", señalan estas voces. Critican que cuando se acaba el año lectivo oficial para el alumnado acabe también el de los profesiores. Como mínimo, los que están comprometidos en brindar la mejor formación posible, añaden. "Durante el verano deben actualizar los materiales y los adaptan a la nueva legislación, si ha habido cambios", indican,  "y si son investigadores, lo que es frecuente, avanzan en sus papers y tesis". 

"Se avisó uno por uno"

Desde el seno de la UIC se informa a este medio, bajo principios de estricta confidencialidad, que "se comunicó a los profesores que pasarían a ser autónomos en julio, cuando terminaron los contratos [de obra y servicio] del curso 2021-2022". Personal de la universidad "avisó a los enseñantes uno por uno y les dijo si pasaban a ser fijos o si tendrían que darse de alta en el RETA". Es decir, en el régimen de autónomos para firmar un contrato mercantil con la universidad. 

Ocurrió de forma "masiva" a "más de un 40% del cuerpo docente", que son más de 500 profesores. Se critica que la conversión contractual tuvo lugar pese a que "los grados y másteres de la UIC tienen un coste muy superior a los públicos", por lo que no existiría una justificación económica para aplicar esta política laboral. ¿Con qué argumento? "Solo dijeron que eran órdenes de la dirección". El centro sigue de esta forma la estela de otras universidades en las que se limita el número de docentes con un contrato laboral indefinido. 

Abogado: "Ilegalidad flagrante"

Preguntado por la cuestión, Sergio Maldonado, abogado laboralista del despacho Colectivo Ronda, ha explicado que, de ser así, la denuncia que hacen parte de los docentes de la UIC "constituye una ilegalidad de primer orden". Presupone que "no hay organización que les dirija y coordine, sino que ellos, por equis dinero, pueden hacer su trabajo como les plazca, en el tiempo que consideren y en la forma que crean. Eso es un autónomo: una microempresa". 

"De hecho --ha agregado el letrado--, la concatenación de contratos de obra y servicio ya era una ilegalidad, que ahora se cambia por otra". Maldonado recuerda que "hay fórmulas" para emplear a los asalariados para algunos meses, como los fijos discontinuos. "El error es básico y de base: no se puede encadenar la temporalidad. Los docentes podían denunciar antes y lo pueden hacer ahora y sus argumentos son muy robustos". 

Este artículo se ha elaborado sin la versión del Departamento de Prensa de la UIC, que no ha contestado a Crónica Global. Por su parte, el rector, Alfonso Méndiz, tampoco lo ha hecho.