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Encarna Fernández (d), secretaria general de la federación de empleados de servicios públicos de UGT, y Montse Romero (i), vicesecretaria general del área externa de la federación / EP

UGT alerta de los riesgos laborales de las remunicipalizaciones

El sindicato señala que es necesario aprobar cambios en la ley de contrataciones públicas para revertir concesiones con garantías

05.04.2017 13:34 h.
4 min

UGT de Cataluña alerta de los riesgos laborales que existen en los procesos de remunicipalización de servicios públicos que han emprendido varias administraciones locales y supramunicipales. La secretaria general de la federación de empleados de servicios públicos del sindicato, Encarna Fernández, ha advertido que “no todo es tan sencillo como algunos plantean” por las implicaciones tanto para los empleados de las concesionarias como para los trabajadores públicos.

Afirma que recuperar la gestión directa de un servicio o asumirla por primera vez requiere algo más que traspasar la plantilla de la empresa concesionaria a los presupuestos públicos. De hecho, esta acción choca contra la legalidad vigente.

Los incrementos de masa laboral del sector público están especialmente controlados desde el inicio de la crisis y por la necesidad de recortar el déficit público en España.

Ley de Contratación Pública

Montse Romero, vicesecretaria general del área externa de la federación, ha recordado que UGT ha propuesto modificaciones a la ley de contratación pública que tramita el Congreso para blindar las garantías laborales de estos procesos.

Si finalmente se aceptan, no será el único obstáculo normativo con el que se topará el proceso de revertir concesiones de servicios. En el capítulo laboral, los responsables del sindicato advierten de los riesgos que existen sobre la negociación colectiva, la pérdida de derechos adquiridos por las plantillas afectadas en las subrogaciones entre sociedades.

Condiciones laborales

UGT de Cataluña ha organizado una jornada específica para analizar los retos de la contratación pública. Más allá de debatir sobre las consecuencias de la oleada de remunicipalizaciones anunciada, destaca la necesidad de incrementar el control público de las concesionarias que se seleccionan para la gestión indirecta de servicios públicos.

El sindicato pide a las administraciones medidas para garantizar que las condiciones laborales que se ofrecen cumplen con unos requisitos mínimos. Algunas voces van más allá. Quieren que también se blinde el capítulo laboral de las subcontrataciones para luchar contra la precariedad del empleo.

Romero ha alertado de que concurren con bastante frecuencia en licitaciones públicas ofertas “temerarias” con rebajas de costes muy nocivas para los empleados.

Casos de éxito

UGT de Cataluña defiende más servicios para la ciudadanía y de mayor calidad. Pero esta premisa no debe chocar contra lo que es posible por las administraciones públicas desde la vertiente económica y legal.

"Cada servicio y cada empresa son un mundo", ha alertado la líder de la federación. Pide a todas las administraciones que pretenden revertir concesiones que tomen de ejemplo los casos de éxito que existen. Como la recuperación de la gestión pública de guarderías en Barcelona.