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Los empleados de hostelería, entre los más afectados para adecuarse al registro horario / EFE

La UE pone cerco a la temporalidad y a los trabajos precarios

Una nueva directiva, que se aprobará en abril, velará por los derechos laborales en todos los Estados miembros

18.03.2019 00:00 h.
7 min

La tasa de paro en España cada vez es menor y los números constatan la recuperación a niveles anteriores a la crisis económica, pero la situación de los trabajadores no ha vuelto a ser la misma. La temporalidad sigue creciendo y se sitúa entre las mayores de Europa.

Además, pese a que las nuevas formas de empleo que ha creado la digitalización --entre las que se incluyen plataformas de reparto como Deliveroo-- han supuesto un motor para el desarrollo de la economía, no han contribuido a aumentar la estabilidad laboral. Todo lo contrario, han aumentado la precariedad al someter a los trabajadores a condiciones que no garantizan sus derechos laborales. Ante esta situación, la Unión Europea ha decidido impulsar una nueva directiva, que se aprobará en abril, para garantizar unas condiciones laborales mínimas de los trabajadores.

Combatir la precariedad laboral

El responsable de la propuesta, el eurodiputado Enrique Calvet (independiente adscrito a ALDE), defiende que la idea central es “dar un impulso desde Europa para que cada Estado miembro amplíe directivas para luchar contra la precariedad”. “Si quieres mantener un mercado común, necesitas establecer derechos laborales comunes”, subraya.

“El objetivo es combatir la precariedad laboral de los trabajadores, sobre todo la que introducen las nuevas plataformas”, explica el eurodiputado socialista --ponente en la sombra de la iniciativa-- Javier López (PSOE). Eso sí, admite que la nueva directiva “no va a revolucionar el mercado laboral en Europa, pero sí va a mejorar la situación de los trabajadores que se encuentran en zonas grises”. ¿Un ejemplo? “Luchará contra las situaciones de ultratemporalidad, además limitará los periodos de prueba y dará más certidumbre. También regulará de manera importante el trabajo bajo demanda”.

Legitimidad social

López sostiene que esta regulación “marca el camino a seguir en la Unión Europea si quiere ganar legitimidad social entre los ciudadanos. Tras la crisis, las instituciones comunitarias han perdido confianza y se han convertido en algo antipático. Las cicatrices sociales son enormes”, ha señalado.

Un trabajador firma un contrato / FREEPIK

Un trabajador firma un contrato / FREEPIK

Eso sí, ambos parlamentarios admiten que la intención de la normativa inicial era mucho más ambiciosa, pero “lo evidente es que no se puede ir más allá porque los Estados ofrecen una oposición frontal a intromisiones comunitarias en sus competencias”, explica Calvet. De hecho, Alemania ha sido uno de los países más reticentes a la hora de tramitar esta nueva directiva. Sectores como la construcción o las navieras no veían con buenos ojos los nuevos requisitos de la UE para establecer derechos mínimos para los trabajadores.

Ampliar las normas mínimas existentes

La directiva pivota sobre dos pilares acordados en la Cumbre social de Gotemburgo de 2017: empleo seguro y adaptable e información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido. La intención del Parlamento Europeo es ampliar las normas mínimas existentes en el mercado comunitario y ampliar la seguridad jurídica, al garantizar a todos los trabajadores un conjunto básico de derechos exigibles, independientemente del tipo de contrato o de la relación laboral

¿Cómo se hará? Mediante un nuevo instrumento que garantiza la transparencia de las condiciones laborales de todos los trabajadores y al definir nuevos derechos dirigidos a mejorar la previsibilidad y la seguridad de las condiciones de trabajo, especialmente de los que tienen empleos precarios. Pese a la intención inicial, no podrá normalizar plataformas como Uber o Deliveroo “porque establecen condiciones que escapan a la propia regulación laboral”, ha admitido Calvet.

Repartidores de Deliveroo protestan por las condiciones laborales / EFE

Repartidores de Deliveroo protestan por las condiciones laborales / EFE

Transparencia

Los trabajadores tendrán que ser informados desde el primer día de los aspectos esenciales de su contrato de trabajo --la directiva anterior, de 1991, establecía un plazo de hasta dos meses y ninguna obligación para los contratos inferiores a un mes--.  Los trabajadores con contratos bajo demanda deben tener un nivel mínimo de previsibilidad, como horas o días de referencia. Además, podrán rechazar, sin sufrir consecuencias, un encargo fuera del horario pactado, o ser indemnizados si este se cancela fuera de plazo.

Los periodos de prueba no podrán ser superiores a seis meses --algo que ya se ha implementado en España-- o el tiempo deberá ser proporcional a la duración prevista en el contrato, en caso de duración determinada. El objetivo no es abordar un determinado tipo de empleo --trabajo a tiempo parcial, o de duración determinada-- sino garantizar un nivel de protección universal básico en las formas contractuales existentes y futuras.

Repercusiones para los Estados

La idea subyacente es que la nueva directiva, que los Estados miembros tendrán que implementar en un plazo máximo de dos años, también contribuya a reducir el trabajo no declarado, ya que las medidas persiguen facilitar la inspección y el control de su cumplimiento. De hecho, el valor del trabajo no declarado en la economía formal en el conjunto de la Unión Europea se sitúa entre 40 y 120 millones de euros anuales.

“Cada país puede escoger los términos al designar el tipo de contrato pero la normativa establece los derechos obligatorios de los empleados. Esa es la gran batalla”, ha señalado Calvet, ya que se trata de un acuerdo de términos amplios. La realidad es que la directiva establecerá un marco de mínimos y “tendrá más sentido en algunos países como, por ejemplo, Bulgaria”, donde los trabajadores tienen menos derechos.

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