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La justicia de Delaware y la empresa Transperfect / FOTOMONTAJE CG

Trabajadores de TransPerfect piden a Delaware que investigue a la Corte Suprema y Skadden Arps

Más de 1.000 empleados han firmado conjuntamente una carta enviada al Gobernador del Estado, John Carney, para que inicie los trámites para investigar el caso

5 min

Se abre un nuevo capítulo en el caso TransPerfect, la multinacional de servicios lingüísticos y tecnología más grande del mundo, cuya venta forzosa hizo peligrar más de 600 empleos en Barcelona y 5.000 en todo el mundo.  

Más de 1.000 trabajadores de la compañía, a nivel global, han firmado conjuntamente una carta enviada esta pasada semana al Gobernador de Delaware, John Carney, reclamando que inicie los trámites para investigar la relación entre la Corte Suprema de Delaware y el despacho de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Secretismo en el caso

La falta de neutralidad del sistema judicial de Delaware así como la opacidad y oscurantismo con el que se ha gestionado el caso han situado al juez de la Corte Suprema de este Estado, André Bouchard, y al socio de Skadden Arps Robert Pincus en el punto de mira mediático. 

Desde que Bouchard decretó la venta forzosa de la compañía y nombró para ello a su amigo Pincus, socio del despacho Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, como administrador judicial, se han sucedido las críticas a su gestión. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, sondeos de opinión privados, e incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han puesto de manifiesto la falta de diversidad, transparencia y neutralidad instaurada en el sistema judicial del Estado, antaño considerado uno de los enclaves más prestigiosos para emprender un negocio. 

Más de un millar de firmas

La carta ha sido suscrita por más de un millar de trabajadores de la multinacional que han visto durante estos años cómo el proceso de venta decretado por el juez ha afectado directamente a sus trabajos en la compañía. Según la misiva recogida en un comunicado realizado por la plataforma ciudadana Citizens for a Pro-Business Delaware las acciones de Robert Pincus y su socia en Skadden, Jennifer Voss durante el periodo en el pilotaron la venta forzosa de la empresa “han perjudicado a TransPerfect”.

También han perjudicado a los trabajadores de la compañía que subrayan que “la gestión realizada por Skadden al frente de la compañía, ha comportado que por primera vez en la historia no vaya a haber subidas salariales en primavera” y se “tendrán que reducir horas a algunos empleados”

Lucro a costa de TransPerfect

Una de las polémicas destacadas son las facturas por los servicios prestados durante ese periodo. La venta forzosa ha sido proceso controvertido y sin precedentes para una compañía privada y con beneficios que ha acabado costándole a TransPerfect 14 millones de dólares en facturas expedidas por parte de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Según fuentes conocedoras del caso, tras cerrar la venta de la compañía, Robert Pincus, de Skadden Arps, siguió emitiendo facturas de honorarios mensuales a razón de 1.475 dólares la hora. Según una moción reciente de TransPerfect las responsabilidades de Pincus durante esos dos años posteriores a la venta siguen siendo una incógnita. 

Facturas selladas por el juez

Las facturas de estos trabajos permanecen selladas por decisión del juez alegando que debían mantenerse en secreto para preservar la venta de la compañía. Dos años más tarde de dicha venta, los registros, facturas y documentación del caos TransPerfect siguen cerrados por decisión judicial para indignación y sorpresa de los trabajadores de la compañía y de los ciudadanos.

No es la primera vez que Skadden se ve envuelto en polémica. La firma Skadden Arps acordaba pagar en 2019 una sanción de 4.6 millones de dólares, 4,1 millones de euros, para resolver su responsabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por incumplir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) estadounidense en los trabajos de lobby político realizado con el exasesor de campaña de Trump, Paul Manafort, para beneficiar al gobierno de Ucrania en 2012 y 2013 a favor de Yanukovich.