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La consejera de Presidencia, Elsa Artadi (i), junto al responsable de Política Digital e impulsor de los anuncios de desarollo de la red en Cataluña, Jordi Puigneró (d) / EP

La política digital de Torra: un acuerdo de 2016

Los operadores del sector advierten de que las promesas sobre despliegue de red del Govern son antiguas y que requieren una identificación clara de recursos para impulsarlas

30.09.2018 00:00 h.
7 min

Los municipios de más de 50 habitantes de Cataluña deberán disponer de conexión a Internet como muy tarde en 2023. Esta ha sido la gran promesa que ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. Se ha convertido en uno de los ejes centrales de la legislatura que pretenden agotar. Pero el anuncio que se ha repetido en las últimas semanas ha dejado al sector a la expectativa. Advierten de que tras el eslogan sólo hay una acuerdo que se arrastra desde 2016 y que aún no se ha activado.

Señalan que la intención de llegar a la “Cataluña conectada” ya se incluía en el Pacto Nacional por la Sociedad Digital que se presentó ese año. Señalan que fue el propio Puigneró el que trabajó codo con codo con la entonces consejera de Presidencia, Neus Munté, para cerrar un acuerdo con las cuatro diputaciones catalanas y varios ayuntamientos para “fomentar de forma conjunta el desarrollo de la sociedad digital en todo el territorio catalán”.

Ámbitos estratégicos

Se pensaba trabajar también con la consejería de Gobernación y Administraciones Públicas y con la de Empresa y Conocimiento, lideradas en ese momento por Meritxell Borràs y Jordi Baiget, para desarrollar la “estrategia de territorio inteligente del Govern”, la iniciativa smartCAT; impulsar una Administración Digital abierta o llevar al industria 4.0 a todo el territorio. “El desarrollo y la gestión coordinada de infraestructuras tecnológicas” era otro de los cinco ámbitos estratégicos que se identificaban. Es decir, el desarrollo de las redes de fibra óptica o de ADSL en las zonas menos habitadas.

Entre los avances que se había conseguido en este marco de colaboración estaba la consignación de una asignación para poderlo llevar a cabo. La Generalitat se comprometía a desembolsar 243 millones de euros para impulsar todas estas medidas. La construcción de la red era uno de los principales capítulos de la partida de gastos, indican las fuentes consultadas, pero la ejecución real nunca alcanzó estas cifras.

Programa de ayudas del Estado

¿Cuál es la situación dos años después de que se presentara? El 70% del territorio catalán está conectado con red de fibra óptica. Los responsables de su implementación destacan que el Gobierno catalán ha tenido un papel más bien discreto en conseguir estos resultados. Hay colaboración para facilitar la obtención de los permisos administrativos requeridos, pero no desde el punto de vista económico. Y esto es básico a la hora de construir redes en municipios con poca población, señalan.

Las distintas operadoras han lanzado las redes de fibra óptica en las grandes ciudades y los núcleos urbanos o industriales donde pueden obtener más rentabilidad con la explotación de la infraestructura. Sí que se han podido acoger a las sucesivas convocatorias de programa de ayudas del Estado para la extensión de la banda ancha de nueva generación. Pero no se ha impulsado una iniciativa en el mismo sentido en Cataluña, tal y como se llegó a manifestar en los últimos años.

Problemas en Lleida

La cobertura del 70% se consigue con un análisis general del territorio. Los datos son menos optimistas si se analizan por demarcaciones. Lleida es la que sale más mal parada. Sólo el 51% de las poblaciones de la provincia tienen acceso a la red y es la más deficiente de Cataluña. También es la zona con localidades más aisladas. Básicamente, los pueblos que están más dispersos en los Pirineos.

En los últimos meses la delegación del Gobierno en Cataluña, la Generalitat y los responsables políticos ilerdenses han buscado fórmulas para mejorar estas ratios. De hecho, Puigneró firmó a principios de septiembre un nuevo pacto con el presidente de la Diputación, Josep Reñé, para desplegar fibra óptica en 231 pueblos y 178 polígonos industriales antes de 2023. Se quieren instalar más de 1.500 kilómetros de cable que se añadirán a los 515 kilómetros que el Ejecutivo catalán indica que ha desarrollado hasta la fecha en la zona. Su coste asciende a los 15 millones.

Aunque, de nuevo, fuentes empresariales destacan que falta cerrar el acuerdo de colaboración público-privada que facilite llegar a algunos de los lugares más remotos.

Concurso de telecomunicaciones

Los anuncios del avance en la red de fibra y ADSL en Cataluña coincide en un momento muy sensible para el sector de las telecomunicaciones. La Generalitat presentó hace un mes el nuevo concurso de telecomunicaciones, la renovación del llamado contrato del siglo, con un valor total de 889 millones de euros.

La licitación estará vigente hasta 2024, aunque la duración exacta de cada uno de los lotes que se sacan al mercado vencen en un periodo distinto. En concreto, se destinarán 115 millones para contratar proveedores de servicios de comunicación de voz; otros 624 para los que operarán en el ámbito de las aplicaciones y otros 125 por los centros de procesamiento de datos de la Generalitat. En este caso, se pone el acento en el desarrollo de la tecnología 5G.

Las tecnológicas que operan en Cataluña están centradas en este momento en ultimar sus ofertas para mantener alguno de los millonarios que se concesionarán. Manifiestan que no sería descabellado que ambos intereses converjan en algún punto. Por el momento, las iniciativas que se han sacado a concurso público van en otro sentido.