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Imagen de la planta de valoración de residuos de Tersa, al norte de Barcelona / CG

La justicia investiga si Tersa cometió un delito ecológico al incinerar basura

El tribunal de instrucción 5 de Badalona admite a trámite la denuncia de Fiscalía y reclama documentación para probar los hechos incluidos en la querella de febrero

8 min

El Juzgado de Instrucción 5 de Badalona (Barcelona) ha iniciado la investigación contra Tersa. Ha admitido a trámite la querella que la Fiscalía interpuso en febrero que denunciaba un “presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente” en la quema de residuos en la planta.

En ella, pedía que se abriese una causa contra la empresa y contra el político que se encarga de su gestión, el concejal de Emergencia Climática de Barcelona y vicepresidente de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia (Comuns). También señaló al jefe de explotación de la compañía, un técnico, como responsable de la gestión de la planta.

Recabar documentación

Las pesquisas iniciales no incluyen por el momento la investigación de ninguna persona, ni física ni jurídica. Según fuentes judiciales, la “casua está abierta” y, por ahora, el titular de la sala que se encarga de la causa “ha reclamado diferente documentación” para comprobar lo denunciado por el Ministerio Público.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia / EUROPA PRESS
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia / EUROPA PRESS

La querella parte de los datos aportados en 2018 por la coordinadora vecinal metropolitana Airenet, que aglutina asociaciones y entidades de los municipios de Badalona, Sant Adrià del Besòs y Badalona, los más afectados por las emisiones de Tersa. Señalaron un “mal funcionamiento” de la planta de valorización de residuos que “generaría unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados”, tal y como consta en el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Crónica Global

Informe de Seprona

Estas cifras supondrían “un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas que habitan en las proximidades de Tersa”. La sección de medio ambiente del Ministerio Público incoó un expediente hace cuatro años en el que ha colaborado con la Unidad Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.

El resultado de la investigación mostró que la planta de valorización energética (quema basura para producir electricidad) “dispone de tres líneas de incineración y emite por su chimenea principal numerosas partículas y gases contaminantes durante este proceso de combustión”. Concluía que los responsables de la compañía “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente, una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable” que “podrían estar suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de la planta así como para el medio ambiente en general”.

Temperatura del horno de combustión

Recordó que la legislación vigente “exige que la temperatura de los gases de combustión en la quema de los residuos sea superior a 850º durante dos segundos, como mínimo, medidos en la pared interior de la cámara de combustión o en otro punto representativo de ésta” que requiere la autorización del “órgano competente”.

Agentes de la Policía Nacional impiden el paso en la entrada de la planta de residuos Tersa, en Sant Adrià de Besòs, antes de la llegada de los Mossos / EFE
Agentes de la Policía Nacional impiden el paso en la entrada de la planta de residuos Tersa, en Sant Adrià de Besòs / EFE

“No obstante, del resultado de la investigación realizada consta que los responsables de la planta de Tersa no estarían realizando el control de la temperatura conforme al precepto dictado” y que usarían “una medida, un cálculo mediante un algoritmo basado en unas fórmulas” que no contaban con el visto bueno ni de la Dirección General de Qualitat Ambiental y Canvi Climàtic de la Generalitat ni de cualquier otra Administración competente.

Riesgo grave para la salud de las personas

Por todo ello, consideraba probado que “no se garantiza que la temperatura de los gases de combustión en el proceso de la quema de los residuos sea superior a 850º durante dos segundos, como exige la normativa”. Esto supondría que la “emisión a la atmósfera desde la planta de Tersa de compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas y que causaría un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de la incineradora, así como para el medio ambiente”.

Todo ello, como mínimo desde 2015 a 2019. Este es el periodo en que los investigadores de Fiscalía pudieron corroborar las temperaturas de los hornos de Tersa. “En numerosas ocasiones”, constata el informe de la Guardia Civil, “han sido inferiores a los 850º sin que se pueda constatar, conforme a ese cálculo algorítmico que no consta validado por la Administración, que se garantizan los niveles de temperatura exigidos en la normativa en esas condiciones precisas con el grave riesgo que esto podría suponer”.

Inspección de la planta de Tersa

Los técnicos de medio ambiente también inspeccionaron la planta durante varios días de marzo de 2018. “En sus instalaciones se detectaron diversas irregularidades”, certifican, y se requirió a los responsables de la planta el 27 de marzo de ese año que “pusieran en marcha quemadores auxiliares cuando la temperatura de la cámara de combustión bajara de los 850º, bloquearan la alimentación siempre que no alcanzara la citada temperatura en el interior del horno y tramitaran los ficheros mensuales en formato Excel corregidos”. Ya que durante la inspección también hallaron fallos en este sistema de control interno. Comprobar si se tomaron en cuenta estas medidas es parte del trabajo de la instrucción judicial.

Imagen de Tersa, la planta de valorización de residuos situada al norte de Barcelona / Cedida
Imagen de Tersa, la planta de valorización de residuos situada al norte de Barcelona / Cedida

Tersa es una planta de valoración energética de titularidad pública. Barcelona Serveis Municipals (BSM) es titular del 58,64% de las acciones y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) del 41,36% restante. Entró en funcionamiento en 1975 y puede quemar como máximo tres toneladas de residuos sólidos municipales a la hora para producir energía. La autorización fue otorgada por el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat el 18 de septiembre de 2007, un permiso que ha sido renovado sin modificaciones sustanciales en los años sucesivos.