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Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en la reunión del consejo ejecutivo del martes / EFE

El territorio del presidente Puigdemont carga contra la ley de Cámaras de Comercio

El comité ejecutivo que reúne a los 13 presidentes de las organizaciones territoriales lamenta la falta de sensibilidad del exalcalde de Girona con la polémica propuesta

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“Desde que el presidente Puigdemont bajó a Barcelona nos da la espalda”. Así se lamentan los empresarios de Girona, ciudad de la que fue alcalde antes de ponerse al frente de Junts pel Sí, ante la propuesta de ley de Cámaras de Comercio que ha sublevado al sector. “Es un proyecto que no satisface a nadie”, señala el presidente de la organización vecina de Sant Feliu de Guíxols, Joan Puig, a Crónica Global.

“No entendemos que exista un borrador y que no podamos hablar de este proyecto. Nos preguntamos qué quieren hacer con las Cámaras de Comercio. ¿Eliminarlas? Es una cuestión muy delicada”, añade. La oposición de las 13 organizaciones de dinamización empresarial está clara desde la semana pasada, a la que ha seguido la inoportuna gestión del conflicto que se ha hecho desde la Generalitat de Cataluña.

Oposición de Domènec Espadalé

También se ha conseguido una unanimidad inusual en las Cámaras catalanas sobre esta cuestión en la reunión del comité ejecutivo del consejo que ha tenido lugar este miércoles por la tarde en Barcelona. Uno de los líderes empresariales que se ha mostrado más indignado en la reunión, según los presentes, ha sido el presidente de la entidad de Girona, Domènec Espadalé. Ha hablado con este medio poco antes de asistir al encuentro con el resto de presidentes y desplazarse hasta Bruselas para acudir a un acto de reivindicación del Corredor del Mediterráneo.

“Intento hablar con todas las autoridades representativas para intentar alcanzar un acuerdo. Con el presidente, Puigdemont; el vicepresidente Oriol Junqueras, y el consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget”, afirma. Lamenta que hasta la fecha no se haya dado, ya que asegura que la consejería sólo ha mantenido una reunión con los representantes antes de publicar el borrador de la norma.

Barcelona barrería al territorio

Espadalé afirma que, si la norma entra en vigor en los términos actuales, la Cámara de Comercio de Girona “perderá fuerza de representación”. Recuerda que de los 60 miembros del pleno, la propuesta sólo reserva 13 sillas para las organizaciones del territorio; otros se escogen de forma directa desde la Generalitat, grandes empresas y representantes de sectores económicos.

Domènec Espadalé, Joan Puig y Xavier Ribera

“Las grandes empresas y sectoriales están en Barcelona y no en las comarcas”, lamenta. “Hasta ahora, somos importantes en el territorio porque asesoramos y colaboramos con la Administración por esta vía directa. Si no nos quieren allí, ¿qué haremos?”.

Papel de la internacionalización

Joan Puig destaca que la Cámara de Sant Feliu tiene una “influencia real en unas 8.000 pymes” del territorio. Considera que el borrador de la norma “supondría que dejarán de funcionar una parte sustancial de las exportaciones que hacen o quieren hacer nuestras empresas”, una de las tareas más destacadas de las organizaciones.

El presidente de la Cámara de Comercio de Palamós --que está en un proceso de fusión con la de Sant Feliu congelado hasta que se apruebe la norma--, Xavier Ribera, reivindica que como “organizaciones de derecho público defendemos los intereses generales de las empresas y hacemos posible su internacionalización”.

Reivindicación de Artur Mas

El comité ejecutivo reclama diálogo tanto a Baiget como a Puigdemont. Otra de las críticas generalizada entre las 13 organizaciones es la presunta falta de sensibilidad del presidente de la Generalitat con el territorio al tirar adelante esta propuesta normativa. “Esto el presidente Mas no lo habría hecho nunca”, se ha repetido en varias ocasiones en los últimos días.

Fuentes de la consejería manifiestan que lo único que se ha aprobado sobre la futura Ley de Cámaras de Comercio catalana es una memoria. Ahora se abre el proceso de alegaciones públicas, el escenario para negociar. “El texto articulado no es el definitivo”, sentencian. Esperan que el documento final genere mayor consenso.