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Alfredo Vega, alcalde de la ciudad de Terrassa (Barcelona) desde mediados del pasado noviembre / CG

Terrassa se da ocho meses para hacer municipal el servicio del agua

La concesionaria actual del servicio, Mina Pública, convoca una junta ordinaria de accionistas el 28 de junio en la que se analizarán la situación actual y las perspectivas del grupo

4 min

Terrassa, la ciudad que marca el camino de la oleada de la llamada municipalizaciones de las concesiones de agua, una de las políticas más reivindicadas por la nueva izquierda y que se coló en la multiconsulta fallida de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está gobernada por el PSC. El nuevo alcalde del municipio, Alfredo Vega, ha notificado esta semana formalmente que se da ocho meses para completar el proceso iniciado en 2016 por su predecesor en el cargo, Jordi Ballart.

Lo ha hecho mediante un requerimiento de información adicional a Mina Pública d’Aigües de Terrassa que indicaba el 10 de diciembre como la fecha definitiva del cambio de operador. El grupo que presta el servicio desde hace 75 años está participado el 37% por Aigües de Barcelona, otro 30% por las familias del consejo de administración y el 33% restante por un pool de minoritarios.

Junta de accionistas

Todos ellos están convocados el próximo 28 de junio en la junta general ordinaria con un apunte especial, el “informe del presidente en relación con la situación actual de la compañía y perspectivas de futuro”.

¿En qué momento está la compañía? Básicamente, persiste el pulso con el consistorio socialista por el alcance del proyecto. El gobierno municipal ha dejado claras cuáles son sus intenciones --y las de sus acuerdos de legislatura--. En la sesión plenaria de marzo se aprobó de forma definitiva la creación de Terrassa Cicle de l’Aigua (EPEL), la sociedad que se encargará del abastecimiento del agua en el municipio a finales de año, además de una cuarta prórroga forzosa del servicio actual.

Cuestiones más polémicas

Pero quedan en el aire las cuestiones más polémicas del proceso, tal y como indican fuentes cercanas al equipo de gobierno. Cómo se liquida el servicio, el traspaso de los bienes y los derechos de concesión.

Cuestión que está judicializada. La actual concesionaria ha pedido medidas cautelares ante la titularidad de la definición de los bienes, ya que hay discrepancia sobre la primera aproximación municipal. Han sido desestimadas en primera instancia y en el TSJC, aunque ya se ha anunciado que se llegará hasta casación.

Advertencia de Competencia

Desde la oposición de Terrassa se tiene claro que el proceso de remunicipalización acabará también en los tribunales. Asimismo, se pide tener en cuenta la advertencia que ha hecho la Autoridad Catalana de la Competencia en el último informe que ha publicado al respecto.

Un documento que no es vinculante en el que se indica que el procedimiento seguido por el consistorio muestra una “debilidad jurídica manifiesta frente a eventuales impugnaciones judiciales”. Pide el máximo de rigor legal al pasar de un modelo concesional a un sistema de gestión directa en “régimen de monopolio”.

Negociación frustrada

Este aviso empuja a que Vega y la dirección de Mina, encabezada por Josep Lluís Armenter, se sienten a negociar su divorcio particular. Aunque el enroque hasta la fecha del proceso hace casi imposible este escenario, señalan los mismos interlocutores municipales consultados.

Cabe tener en cuenta que incluso se han denunciado las prórrogas forzosas que se han aplicado al servicio por los cambios aplicados por parte del ayuntamiento a la compañía.

Si se llegan a demostrar en sede judicial, chocarían con la obligación de mantener los contratos originales en cualquier proceso en este sentido que se marca por ley.