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La consejera de Agricultura, Teresa Jordà, que ha conseguido que el sector esté en pie de guerra contra sus políticas / EFE

Nuevo frente para el Govern: el sector agrícola, en pie de guerra

JxCat, ERC, PSC y los Comunes han pactado la creación de una Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversiadad catalana que pasa de las reivindicaciones de los agentes territoriales

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El sector agrícola y forestal de Catalunya está en pie de guerra contra la Generalitat y focaliza sus duras críticas en la polémica consejera de Agricultura, Teresa Jordà (ERC), la política que promociona la cerveza fuck Spain y recomienda el consumo de leche cruda ante el estupor de la comunidad médica. En esta ocasión, la republicana está de nuevo en el centro de las críticas por la inminente aprobación en el Parlament de la Proposición de Ley de Creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, cuyo desarrollo ha corrido a cargo de la consejería de Territorio y Sostenibilidad, liderada por Damià Calvet (JxCat). El sector lamenta la falta de apoyos de la política a sus demandas de concertación, que tampoco habría atendido el departamento redactor. 

La norma no está precisamente en el foco mediático, aunque ha propiciado que más de una decena de organizaciones territoriales se unan para exigir su retirada. Lidera el grupo el Institut Agrícola Sant Isidre, vinculado a Foment del Treball, el Consorci Forestal de Catalunya, la Asociación de Propietarios Forestales y Joves Agricultors i Ramaders. Lanzan sus críticas contra JxCat, ERC, PSC y los Comunes por no recoger ni una sola de las enmiendas que presentaron durante su diseño.

Más desequilibrio territorial

Los afectados advierten de los efectos nocivos que implica sacar adelante una norma que pasa de las aportaciones de los que más conocen la realidad agrícola y forestal de Cataluña, los que viven de esta actividad. Señalan que el modelo propuesto de Agencia que se promoverá, salvo sorpresas de última hora, “no conseguirá los objetivos que se propone porque no contempla la participación del conjunto de los actores del territorio”.

Afirma que llevará a que se acentúe el “abandono de los bosques, la agricultura y de los pueblos” con el “consiguiente del desequilibrio territorial”. Es decir, va en contra de una de las políticas que también se reivindican más sobre el papel que con acciones reales tal y como lamentan los afectados, la lucha contra la despoblación de las zonas rurales. Lo que a nivel estatal se ha bautizado como la España vaciada.

El Parlament, donde se votará la creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad sin contar con el sector / EFE
El Parlament, donde se votará la creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad sin contar con el sector / EFE

Encargo europeo

Por todo ello, los agentes del sector han emitido un manifiesto en el que se exige la retirada del proyecto y reclama a la consejera Jordà que “elabore un nuevo anteproyecto de ley”. Este segundo documento sí que debería dar “cumplimiento al encargo europeo de conservar y mejorar nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad”.

Asimismo, se deja claro que el segundo intento de aprobarla no se debe tramitar de nuevo de espaldas al territorio. Las entidades exigen que “se contemple desde el principio” la participación activa del “sector agroforestal para que se vea reflejado que este sector forma parte de la gobernación y la gestión del territorio”.

Concertación social

Si se acepta la demanda, no sería la primera ocasión en que el Gobierno catalán retira la tramitación de una propuesta con calado económico para escuchar a los principales implicados en la materia. Ya se aplaudió la decisión que el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el también republicano Chakir El Homrani, hizo en su momento para sacar adelante el desarrollo de la Formación Profesional (FP) en Cataluña que llevaba años atascada.

La concertación social en esta materia aún se mantiene, algo que el sector agrícola y forestal también la reclama por la puesta en marcha de la principal agencia pública que gestionará la actividad en Cataluña.