Sorea recupera la gestión del agua de Llinars del Vallès en los tribunales

La batalla legal por la gestión del agua de la localidad de Llinars del Vallès (Barcelona) se ha saldado, por ahora, a favor de Sorea. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha desestimado la petición de aclaración que le hizo el Ayuntamiento de la localidad para evitar un nuevo cambio en el modelo de gestión del servicio.

La interlocutoria dictada el pasado 4 de enero indica que esta decisión es firme, se admiten las medidas cautelares solicitadas en el proceso y se otorga este trabajo a la compañía. O, lo que es lo mismo, el consistorio deberá habilitar de nuevo a Sorea como gestora del agua de Llinars. Obliga al equipo de Gobierno liderado por Martí Pujol (ERC) a disponer “todo lo necesario al objeto de ejecutar dicha sentencia en lo relativo a la restitución, a la actora [Sorea], de la gestión indirecta del servicio municipal de abastecimiento de agua”.

Pugna ante el TSJC

La filial del grupo Agbar será la responsable de que todos los vecinos de la localidad reciban agua potable hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resuelva la cuestión de fondo de la batalla en los tribunales abierta en esta localidad. Es decir, la apelación realizada por parte del Gobierno municipal para defender su plan de gestión de este servicio.

La pugna se inició en el momento en que el Ejecutivo local decidió que la gestión del agua se haría de forma directa por parte del personal municipal. Inició los trámites correspondientes en 2019 y en enero de 2020 dejaba a Sorea fuera del servicio. El problema es que el proceso administrativo que siguió para ejecutar este cambio contenía errores suficientes como para que fuera enmendado en primera instancia.

Riesgo asumido por el Gobierno local

El juez que analizó la modificación en un primero momento aceptó las cautelares y obligó al consistorio a restituir tanto el modelo de servicio indirecto que prestaba la compañía. El Gobierno municipal se resistió y alegó ante el mismo tribunal que no podía ejecutar el cambio por el posible impacto en las arcas municipales, ya que los nuevos adjudicatarios podían reclamar indemnizaciones.

El juez rechaza este argumento y asegura que, en el caso de que se dieran, que se hubieran producido sería responsabilidad del consistorio por ir en contra de una interlocutoria de febrero de 2020 que ya advertía de que se debía mantener a Sorea como responsable del servicio. Es decir, que fue decisión del Gobierno no cumplir con el mandato judicial al interponer la petición de aclaración, por lo que considera que era conocedor del riesgo que existía en el movimiento legal y lo asumió.

La batalla judicial por el agua de Llinars del Vallès sigue abierta.