Como suele pasar en muchas ocasiones, el cambio de Gobierno suele acarrear una ruptura en la gestión y, también, la evidencia de que el dinero público se malgasta. Es lo que ha ocurrido con el polémico cementerio nuclear de Villar de Cañas. Un proyecto que, siete años después, sigue sin llevarse a cabo, aunque en ese periodo se hayan destinado 100 millones de euros a los trabajos previos para su puesta en marcha.
En diciembre de 2011, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, en el primer Consejo de Ministros tras ganar las elecciones ganadas un mes antes, se apresuraba --ante la presión de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal-- a elegir el municipio conquense como el emplazamiento para levantar el almacén de residuos radiactivos.
Y, ahora, también en una de sus primeras decisiones, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez no ha determinado anular definitivamente la construcción del silo, pero sí lo ha paralizado.
Aprobacion del nuevo Plan General de Residuos
Desde el departamento de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Riberas, entienden que, antes de tomar una decisión definitiva sobre el tema, conviene tener claros los ejes por los que debe transitar la política energética en los próximos años, que deben plasmarse en el futuro Plan General de Residuos, pendiente de aprobación y tramitación para sustituir al vigente desde hace 12 años.
Una carta remitida por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que suspendiera la emisión del informe preceptivo para iniciar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, dejaba en punto muerto el silo proyectado por el Gobierno de Rajoy.
Idoneidad de los terrenos, en entredicho
Por el camino han quedado esos 100 millones invertidos, a través de las decenas de contratos adjudicados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), a pesar de varios informes que ponían en duda la idoneidad de los terrenos elegidos para levantar el cementerio nuclear de Villar de Cañas, y también con el revés sufrido, a nivel urbanístico, por la postura contraria del actual Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page.
A principios de año, el Ejecutivo manchego lograba que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimara el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional tras asumir el cargo, en julio de 2015.
Seis años de intensa actividad licitadora
Reveses que provocaban que Enresa, desde el pasado mes de marzo, haya paralizado la apertura de nuevos expedientes licitadores relacionados con el almacén nuclear. Hasta entonces, fueron seis años de intensa actividad adjudicataria por parte de la empresa pública. Tanto en una primera etapa, entre 2012 y 2015, presidida por Francisco Gil-Ortega --hombre de confianza de Cospedal--, como en la posterior, dirigida por Juan José Zaballa.
El pasado mes de enero, el propio Zaballa, coincidiendo con la sentencia del TSJCM, firmaba la convocatoria del contrato para realizar, por 48.000 euros, el servicio de retirada de aguas residuales en el Parque Empresarial de Enresa en Villar de Cañas. Y un mes antes, en diciembre de 2017, también ratificaba el expediente de contratación para acometer, por 2,3 millones de euros, el estudio de cápsulas de almacenamiento a gestionar en el cementerio nuclear.
Iberinco y el marido de Cospedal
En sus primeros meses al frente de Enresa, Zaballa adjudicaba 4 contratos relacionados con el ATC de Villar de Cañas. La seguridad y vigilancia del emplazamiento a Segurisa, por 1,7 millones de euros; el mobiliario para el laboratorio del almacén a Romero Muebles de Laboratorio, por 40.000 euros; uno relativo al programa de vigilancia radiológica, por casi 80.000 euros. Y otro, por 26,3 millones a la sociedad pública Equipos Nucleares (ENSA) para suministrar 10 contenedores.
Durante la etapa de Gil-Ortega, las adjudicaciones relacionadas con el cementerio nuclear también fueron numerosas. Como los contratos que se llevó Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco), por unos 35 millones de euros. Empresa en la que figuraba como consejero Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, que había sido nombrado para el cargo en mayo de 2012.
