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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación telefónica / EP

Sánchez confirma que Celsa es cuestión de Estado al llamar a uno de los acreedores

El presidente del Gobierno telefoneó al número uno de Deutsche Bank para tratar de desbloquear el rescate de la SEPI, en el que la Generalitat está especialmente implicada

7 min

Pedro Sánchez ha confirmado en todos sus extremos lo afirmado por Crónica Global en su edición de este martes: el rescate de Celsa forma parte de la primera línea de prioridades actuales del Gobierno, se ha convertido en una auténtica ‘cuestión de Estado’. Así lo ilustra la llamada que el presidente del Ejecutivo ha realizado en las últimas horas al número uno de Deutsche Bank, entidad relacionada con algunos de los fondos que componen la masa de acreedores de la siderúrgica, para tratar de desbloquear un proceso que precisa del acuerdo entre éstos y la propiedad de la empresa.

Durante la tarde del martes, la agencia Bloomberg adelantó que Sánchez se había puesto en contacto en las últimas horas con Christian Sewig, presidente del banco alemán, para tratar del asunto; aunque no ha trascendido el contenido de la conversación ni se tiene noticia de cambio alguno en la situación, el contacto ha causado una notable sorpresa en el seno de la entidad germana, según señala la agencia estadounidense, que cita fuentes cercanas al propio Deutsche Bank. 

La implicación de la Generalitat

El contacto se ha producido apenas unas horas después de que el asunto de Celsa también formara parte de una reunión informal que mantuvieron en la tarde del lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró.

Con motivo de la participación de Calviño en un acto institucional en Barcelona, ambos mantuvieron una charla en la que pese a su escasa duración, apenas un cuarto de hora, Celsa tuvo su particular espacio.

Apoyo de gobiernos autonómicos

No es de extrañar si se tiene en cuenta que el Govern ha sido uno de las Administraciones autonómicas que más se ha implicado en el proceso de rescate de la compañía siderúrgica, que tiene su sede y algunos de sus centros de producción en Cataluña. Y todo desde finales de la pasada semana, cuando comenzaron a airearse las numerosas discrepancias que sostiene la familia Rubiralta, accionista de Celsa, con los acreedores de la empresa para aceptar los términos del rescate del fondo de la SEPI, valorado en 550 millones de euros.

A la declaración de apoyo del conseller de Empresa, Roger Torrent, en favor de la compañía y su modelo industrial y en contra de los acreedores (a los que acusó de defender únicamente intereses financieros al margen del mantenimiento de la producción y los centros de trabajo), se unieron en las horas y los días siguientes otras de representantes de los siete Ejecutivos autonómicos que gobiernan en los territorios donde Celsa cuenta con centros de producción. 

El Consejo de Ministros espera

La intromisión de la esfera política le ha dado otra dimensión a una cuestión que ha pasado de ser meramente mercantil a dar el salto a las primeras líneas de las agendas de presidentes autonómicos, ministros y hasta el mismísimo jefe del Gobierno en Moncloa. 

Tras la aprobación del rescate por parte del consejo que tutela el fondo de ayuda a empresa estratégicas de la SEPI, la estructura y condiciones del mismo han de contar con el visto bueno de los acreedores para que finalmente sea aprobada por el Consejo de Ministros

Acusaciones cruzadas

Una situación que ha derivado en una guerra cruzada de acusaciones mutuas entre las dos partes. La propiedad de Celsa acusa a los tenedores de la deuda, la mayoría fondos de inversión, de pretender obtener rentabilidades próximas al 80% gracias a la inyección de dinero público en la empresa y, además, desplazar los centros de decisión fuera de España. 

Por au parte, los acreedores consideran injusto y desproporcionado que los Rubiralta se queden con todo el exceso de valor que genere la compañía, una vez repagados los créditos de SEPI, toda vez que su aportación de limita a una ampliación de capital de 50 millones de euros y, además, se niegan en redondo a ceder ni un ápice del control de la propiedad.

Premura de tiempo

La situación cuenta con un factor que añade presión sobre el desenlace, como es la premura de tiempo, dado que el plazo para que se apruebe la ayuda de forma definitiva expira el próximo 30 de junio. 

Después, será la Comisión Europea la que tenga la última palabra sobre el rescate dado que se articula a través de dos créditos que superan el límite de 250 millones de euros.

El más señalado

La comunicación de Pedro Sánchez con el presidente de Deutsche Bank también ha llamado la atención por el hecho de que no es el banco el que ejerce como acreedor de forma directa sino una serie de fondos asociados. No resulta probable que la posición en Celsa sea de las más significativas en el entorno de la entidad.

Sin embargo, el hecho de que sea uno de los nombres más conocidos entre los acreedores de la siderúrgica, debido a la actividad comercial que desarrolla en España desde hace muchos años a través de una notable red de oficinas, hace que también se haya convertido en el más señalado. 

De hecho, el nombre de Deutsche Bank fue el más repetido en las pancarta y carteles exhibidos en la concentración de trabajadores de Celsa celebrada en Barcelona (además de en otros lugares de España el pasado viernes). Además, una sucursal de la entidad sufrió considerables desperfectos productos de actos vandálicos contra ella.