El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del comité técnico de gestión del Covid-19 / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del comité técnico de gestión del Covid-19 / EP

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Sánchez pone cerco al gasto de los ayuntamientos mientras les niega el dinero del superávit

Los consistorios quieren destinar los 5.000 millones a ayudas para combatir el impacto del coronavirus

8 abril, 2020 00:00

Pedro Sánchez quiere un mayor control de los ayuntamientos. Y los consistorios recelan del Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos. La tensión entre los políticos locales y estatales crece en las últimas semanas con la crisis del coronavirus de fondo.

Los consistorios han pedido al Gobierno que se desbloquee la partida de los superavits que tienen los ayuntamientos de España. Concretamente, hay una hucha que supera los 5.000 millones de euros y que debería haberse repartido entre las ciudades y pueblos españoles que tienen las cuentas saneadas. Pero, de momento, Pedro Sánchez no ha extendido los cheques. Y es posible que ese dinero nunca llegue a las arcas locales. 

¿La razón? El estado de alarma en el que se encuentra España. Ante esta situación extraordinaria, el Gobierno tiene los mecanismos suficientes para no repartir el dinero puesto que el Real Decreto excepcional bajo el cual se encuentra el país permite destinar todos los fondos públicos a una causa justificada. Según fuentes consistoriales consultadas por este medio, “Pedro Sánchez se agarra a este momento para no repartir el dinero correspondiente, pero en el inicio de la crisis el Gobierno no habló en ningún momento de que utilizaría los saldos bancarios positivos para luchar contra el coronavirus”.

Madrid reclama 400 millones

Cabe recordar que los consistorios tenían bloqueados con el PP el superávit debido a la enorme deuda que generaban los ayuntamientos en la época de la anterior crisis. El pasado mes de febrero los alcaldes mantuvieron una reunión con el Gobierno para revertir la situación.

Dos de los ayuntamientos que más han apretado para poder percibir el dinero han sido Logroño, que cuenta con uno de los consistorios más saneados de España, y Madrid. El gobierno de Martínez-Almeida no comprende al Ejecutivo y espera que se debloquee la partida de 400 millones de euros que está esperando para poder iniciar proyectos para paliar el coronavirus.

El destino del superávit

Fuentes municipales desvelan que Pedro Sánchez no ve con buenos ojos que ese dinero acabe en el Ayuntamiento de Madrid puesto que se utilizaría para subvencionar cuotas de autónomos o ayudas a pymes, sector que se ha quejado reiteradamente por la falta de tacto del Ejecutivo en la crisis sanitaria.

Estos 5.000 millones de euros, no obstante, tienen sus limitaciones. Deben tener un fin último. Es decir, el dinero invertido no puede acarrear al año siguiente un agujero en la cuentas, de modo que si se quisiese construir un hospital no se podría ya que conlleva gastos futuros. Así, la idea que manejan numerosos consistorios es subvencionar a autónomos y pymes.

Más control

En plena lucha por el zurrón de los 5.000 millones, Pedro Sánchez ha instado a los alcaldes a ser más escrupulosos a la hora de enviar a Hacienda su documentación de regulación de control y fiscalización.

Tal y como recoge el BOE del pasado lunes, el Gobierno aprobó las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local.

Un mayor control

Buena parte de estas medidas ya fueron aprobadas con anterioridad, pero según fuentes municipales la novedad radica en el “grado de detalle exigido del propio informe”. Las mismas voces revelan que, posiblemente, sea fruto de la experiencia de años anteriores puesto que los dosieres se convertían en una “verdadera “selva interpretativa”. 

Fuentes gubernamentales señalan a este medio que Pedro Sánchez busca un mayor “control sobre los ayuntamientos” para vigilar los movimientos económicos de los consistorios.