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Sector turístico. Un avión de Ryanair con una cola de pasajeros  / EE

Trabajo multa a Ryanair con 36.000 euros por contrataciones ilegales de Girona

La aerolínea se enfrenta a un juicio por el ERE de finales de 2019 en relación al cese de sus bases en Canarias

3 min

Inspección de Trabajo ha multado a la aerolínea Ryanair por sus irregularidades en los contratos del Aeropuerto de Girona-Costa Brava. La compañía de vuelos irlandesa deberá pagar 36.000 euros a la Seguridad Social por cesión ilegal de los empleados.

La Unión Sindical Obrera (USO, Usoc en Cataluña) denunció la ilegalidad de estos procedimientos en el aeropuerto catalán, aunque no es el único frente que estos representantes laborales han abierto contra la aerolínea. Junto a los sindicatos Sitcpla --de tripulantes de cabina-- y Sepla --de pilotos--, interpuso una demanda contra Ryanair por el ERE derivado del cierre de actividad en las Islas Canarias. El juicio está previsto que comience el 10 de marzo en la Audiencia Nacional.  

Cesión de trabajadores

La denuncia de los repesentantes sindicales destacaba que el personal de pilotaje y cabina de Ryanair estaban contratados a través de otras empresas: Crewlink y Workforce. Ambas tienen sede en Irlanda, por lo que los trabajadores están censados y se rigen por el convenio de este país.

Este procedimiento "otorgaba a Ryanair una flexibilidad no permitida", según explicaron desde el Departamento de Trabajo de la Generalitat a El Periódico. Además repercute en la inestabilidad del empleado y genera un perjuicio a la Seguridad Social española, ya que los trabajadores no constan como propios y no se ingresa por su trabajo. Lo que respalda la multa interpuesta.

Ryanair en Girona

El aeropuerto de Girona fue una de las bases que Ryanair valoró cerrar en España a finales de 2019. Finalmente, la opción fue descartada gracias a una serie de acuerdos con los trabajadores entre las que se encontraban rebajar sus condiciones laborales. Sin embargo, esta opción tampoco pasó el filtro de Inspección de Trabajo.  

La institución pública que vela por la legalidad de los empleos comunicó a la compañía que dichos contratos eran ilegales. Apunta el departamento a las "diversas cláusulas" de estos acuerdos de trabajo fijos-discontinuos "incumplen la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales". 

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