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Jaume Roures, fundador y accionista de referencia de Mediapro junto a Tatxo Benet, en una comparecencia pública anterior / EFE

Rull dio a Roures un contrato de 300.000 euros a tres semanas del 1-O

Mediapro, que montó un centro de prensa para el referéndum ilegal, 'arañó' una adjudicación de movilidad el 7 de septiembre

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El consejero catalán de Territorio, Josep Rull, concedió un contrato por valor de 312.000 euros a una filial de Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures, a tres semanas del referéndum ilegal de independencia de Cataluña. El conglomerado arañó una adjudicación de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) el 7 de septiembre.

Tres semanas después, el día de la consulta ilícita, la firma montó un centro internacional de prensa en su sede central en Barcelona.

La licitación que ganó Mediapro se realizó para la externalización de un centro de procesamiento de datos. Según figura en los pliegos de condiciones, el grupo barrió a tres rivales (IDGrup, ANCO y IEAISA) con su propuesta técnica. A resultas de ello, los competidores ya ni presentaron las ofertas económicas.

"Un servicio ya externalizado"

Preguntada por la cuestión, una portavoz de ATM ha emplazado a este medio a consultar las bases de contratación.

La oficina de prensa del conglomerado audiovisual, a su vez, ha subrayado que el servicio, que describe como "de prestación de servicios virtuales", "hacía cuatro años que se estaba prestando por parte de otra empresa".

"Terminado el contrato, se convocó de nuevo el concurso que nos han adjudicado", ha agregado la misma fuente. 

Mediapro desvincula totalmente la adjudicación ganada antes del referéndum del centro internacional de prensa que montó el domingo, 1 de octubre. "Fue una iniciativa que tomamos ante la ausencia de un centro de trabajo en condiciones para periodistas y medios audiovisuales desplazados a Barcelona, por el que pasaron 400 reporteros de 150 medios de todo el mundo", ha remachado.

"La Generalitat manda en la ATM"

Ante la escueta respuesta de ATM, este medio ha preguntado a fuentes del sector del transporte público sobre el papel y equilibrios políticos en el seno del consorcio.

"El Gobierno de la Generalitat es la responsable de los contratos-programa y de la mayoría de la financiación, así como de la contratación pública. La Administración autonómica, pese a ser un ente mixto, es la que toma las decisiones operativas en el seno de este ente", han indicado.

Cabe recordar que la Autoridad del Transporte Metropolitano es un consorcio formado por la Generalitat (51%) y corporaciones locales (49%). La preside el conseller Josep Rull y su función es la de cooperar para organizar la movilidad en Barcelona y su conurbación.