Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
Jaume Roures, presidente ejecutivo de Mediapro / EFE

Roures pierde contra la revista 'Mongolia'

La Audiencia Provincial archiva la denuncia contra el responsable de la revista satírica por llamarle "estafador" por el ERE de 'Público'

3 min

El presidente ejecutivo de Mediapro, Jaume Roures, ha perdido la batalla judicial contra la revista Mongolia después de que el responsable de información de la publicación le llamara "estafador" por la manera cómo gestionó el ERE de diario Público

Lo ha anunciado el propio Pere Rusiñol en su cuenta oficial de Twitter, en la que ha informado de que la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el sobreseimiento de una acción judicial interpuesta con Roures contra él, algo que ya había resuelto el juzgado de Primera Instancia número 24 de la Ciudad Condal. 

"Persona conocida'

La sentencia acuerda por unanimidad desestimar las pretensiones de Roures, y lo hace por unanimidad. Subraya que las información del ERE de Público era de "interés general", sobre todo por los lectores de "izquierdas". 

Constata la segunda instancia judicial que Rusiñol "pretende criticar a una persona de izquierdas, conocida y con una gran proyección pública". Indica la Audiencia que el periodista lamenta que el presidente de Mediapro "haya podido mostrar su preferencia por un negocio de restauración frente al mantenimiento de un medio de comunicación que compartía con él los valores de izquierda". 

El ERE de 'Público'

El objeto de la demanda era una demanda por menoscabo contra el honor del empresario audiovisual contra Pere Rusiñol. La acción judicial se presentó después de que el periodista llamara "estafador" a Roures en una entrevista en Regió 7 en la que habló del ERE de Público y el proceso de insolvencia. 

Rusiñol había sido adjunto a la dirección del medio entre 2008 y 2012 y ha defendido que Jaume Roures tuvo una gestión mejorable en el concurso de acreedores y los despidos de la cabecera. Siempre según el demandado, los socios de Público dejaron de pagar 10 millones de euros y enviaron al 85% de la plantilla al Fogasa, optando por la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP.