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Terraza de un bar restaurante de Barcelona. Bares / EP

Los restaurantes sufren el impacto del coronavirus y exigen medidas de "extrema excepcionalidad"

El Gremio de Restauradores de Barcelona pide al Gobierno que permita de manera inmediata que las empresas puedan presentar ERTE unilaterales

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Los restaurantes de Barcelona ya están sufriendo el impacto del coronavirus y, ante una situación que parece empeorar, exigen a la Administración (ayuntamiento, Generalitat y Gobierno) que tome medidas de “extrema excepcionalidad” si el estado se agrava.

El Gremio de Restauradores de la capital catalana reconoce, en un comunicado emitido este martes, que “el riesgo sanitario todavía es moderado”, pero las consecuencias económicas “son ya una realidad”. Pone de ejemplo la cancelación del Mobile World Congress y el aplazamiento del salón Alimentaria y “el alud de anulaciones de reservas relacionadas con la Semana Santa”, e incluso algunas para mayo, junio e incluso en setiembre.

Obligaciones económicas

El primer periodo vacacional del año era la esperanza de los restaurantes para revertir los efectos de las suspensiones y aplazamientos de congresos, pero no ha sucedido y además ha ido a peor, derrumbando todas las expectativas que tenían.

Los empresarios temen que si la situación va a más tengan que cerrar o bien por órdenes gubernamentales o bien por la caída del consumo, e incluso que no puedan hacer frente a “obligaciones económicas” como el pago de alquileres, de impuestos e incluso de salarios. Ante estos hechos reclaman “valentía” a la hora de afrontar la situación.

ERTE unilaterales

En este sentido requieren al Ayuntamiento de Barcelona que revise la previsión de ingresos y que se les exima del pago de la tasa de terrazas e incluso revisar a la baja los nuevos impuestos antes de fin de año. A la Generalitat le proponen “dejar en suspenso la tramitación de los nuevos presupuestos” y revisar el incremento y la creación de nuevos impuestos, ya que lo ven “ilógico” en un contexto de “emergencia económica”.

Llegan a solicitar al Gobierno que permita de manera inmediata que las empresas puedan adoptar, “de manera unilateral” y sin periodo de consultas, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos.

En caso de cierre o incluso de una caída de ingresos por encima del 50%, reclaman que se condonen los impuestos mientras dure el cierre y que otros se pospongan sin intereses, “obligar a las entidades bancarias a aceptar una moratoria forzosa” del pago de préstamos si las empresas lo solicitan. Por último, demandan que se les exima de pagar el alquiler de los locales mientras dure este cierre.