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La consejera catalana de Trabajo del Govern, Dolors Bassa (c), junto a Anna Simó (ERC), secretaria primera de la Mesa del Parlament en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

El Govern pacta los detalles económicos de la renta garantizada de ciudadanía

La comisión promotora deberá votar este jueves el preacuerdo alcanzado, que se incorporará en la tramitación de la ley

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El Gobierno catalán y las entidades que recogieron firmas en 2012 para impulsar la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en Cataluña han alcanzado este miércoles un preacuerdo sobre los detalles económicos de la prestación. La comisión promotora debe dar el visto bueno final este jueves a la iniciativa, aunque los miembros de la mesa dan por sentado que se ratificará.

Se da un paso importante para desplegar la medida social entre septiembre y octubre de este año y de forma transitoria hasta 2020, tal y como se comprometió la Generalitat. Tras la aprobación definitiva, los miembros de la comisión promotora deberán poner negro sobre blanco el pacto con el Ejecutivo y remitirlo al Parlamento catalán. Lo deberán recojer los ponentes de la ley.

Compatibilizar la RGC y un salario

La conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, encabezada por Dolors Bassa, ha dado finalmente el visto bueno a los elementos que han frenado durante meses la negociación. Se abre la puerta a compatibilizar la precepción de la RGC y la de un salario que no llegue a los 664 euros al mes, la cantidad del Indicador de Renta de Suficiencia en Cataluña (IRSC) en algunos casos.

Se empezará con las familias monoparentales y se creará una mesa de seguimiento para ver cómo se definen más casos concretos. Se quiere evitar que la existencia de prestaciones de este tipo lleve a la consolidación de los salarios precarios, por eso es necesario un análisis caso por caso.

Incorporación de la patronal

Además, por el momento la patronal no ha tenido voz ni voto en esta parte de la concertación social porque no formaba parte de la comisión impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2012. No se descarta que el empresariado se incorpore a esta parte del diálogo, aunque tampoco se ha concretado nada al respecto.

El pacto del marco económico desencalla la RGC. La tramitación de la norma sigue su curso.