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El alcalde de Cádiz, José María González Santos 'Kichi' en una imagen de archivo, el primero en hablar de la 'remunicipalización' de servicios / EFE

La Cámara de las Concesionarias carga contra las ‘remunicipalizaciones’ del agua

CCIES publica un decálogo en el que critica las propuestas que llegan desde “sectores políticos populistas” y pide a las administraciones que “potencien” su función de regulador

23.04.2017 00:00 h.
6 min

La Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) ha publicado esta semana un documento para contrarrestar las “propuestas que formulan algunos sectores políticos populistas” que han derivado en una oleada de remunicipalizaciones. Incide en el del agua, el que focaliza las políticas que se han iniciado en este sentido en Cataluña.

Su documento pretende aportar elementos con el fin de “superar falsos mitos sobre el suministro del agua y para centrar el debate sobre la gestión de los servicios públicos”. Considera que es más importante hablar de cómo se puede garantizar el modelo de prestación adecuado y “cómo se deben afrontar los retos futuros”.

Gestión colaborativa

De entrada, mantiene que las “exigencias más elementales del sentido común en la gestión pública” llevan a que la “gobernanza en los asuntos públicos en las sociedades abiertas del siglo XXI solo se puede realizar de forma colaborativa”. Así lo indica el presidente de la institución, Francesc Sibina, en la introducción.

El informe aparece un mes después de la constitución de la Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua por parte de siete alcaldes de la corona metropolitana de Barcelona.

Recursos públicos disponibles

Sibina asegura que la “sustitución de un operador privado por un ente administrativo en la gestión de una infraestructura o en la prestación de un servicio público, manteniendo las mismas condiciones de calidad, muy probablemente tendrá implicaciones negativas para el sector público”. En mayor gasto público o en menores ingresos.

Justifica este argumento por la sostenibilidad del sistema. Por la limitación de recursos públicos actual y el elevado endeudamiento que arrastran las Administraciones Públicas del país. Indica la larga lista de servicios de calidad que se deben prestar si se quiere preservar el modelo del Estado del bienestar impide que todos ellos se gestionen de forma directa.

Entre otros, incide en los costes de los trabajadores que dependen de ellos, los equipamientos y los medios tecnológicos que requiere la gestión.

Decálogo a favor del modelo de concesión

Que el agua es un bien de dominio público es el principal argumento que ponen sobre la mesa. Es decir, que no es propiedad privada de nadie y que su “uso y aprovechamiento se realiza mediante de concesiones y autorizaciones otorgadas y tuteladas por la administración” en un “tiempo limitado”.

“Para garantizar el control eficaz del servicio  es esencial que la administración pública emplee sus recursos a potencias su función de regulador”, manifiesta. Es aquí donde ponen el acento, en que es necesario que la administración local “tutele y regule las condiciones del servicio”.

Precio marcado por la Administración

También desmiente que el sector privado encarezca el coste del agua. Recuerda que lo fija “la Administración de acuerdo con las inversiones que prevé ejecutar y los costes que prevé repercutir en el consumidor”. Manifiesta que la “participación en el sector privado no limita el acceso al agua” y que el coste del servicio incluye las “diferentes etapas del ciclo del agua”. Es decir, todos los tratamientos para potabilizarla y trasladarla desde el lugar de captación hasta su depuración y reutilización.

El CCIES defiende que es mejor un operador a largo plazo del servicio porque se evita la “intromisión de intereses coyunturales o partidistas que no respondan a las necesidades de una prestación del servicio eficiente”.

Naciones Unidas

En cuanto al reconocimiento por parte de Naciones Unidas del derecho humano al agua potable, matiza que “no tiene nada que ver con la forma de gestión” y que tanto el organismo internacional como la UE “apuestan de forma clara por la colaboración públicoprivada”.

Defiende que los operadores del sector deben disponer de las “dinámicas profesionales y laborales” que garanticen la “actualización tecnológica permanente de sus profesionales, con el consiguiente beneficio para el servicio y los ciudadanos”. Asegura que el I+D+i es capital para un “sector estratégico como el agua” y que la colaboración con el sector privado para este fin es “esencial”.

“Entre los grandes retos para la humanidad alrededor del agua no figura el modelo de gestión, ni público ni privado”, sentencia el decálogo presentado por la organización.