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La Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde también se instruye la causa por lo civil que afecta a la cúpula de Qrenta / MA

La cúpula de Qrenta enreda sus litigios con un préstamo

La agencia de valores fundada por Jordi Martí suscribe una hipoteca sobre la sede del grupo con un proceso judicial abierto en el que se le solicita el embargo

17.09.2019 00:00 h.
5 min

Nuevo giro en el caso Qrenta. La cúpula de la agencia de valores, encabezada por su fundador, Jordi Martí Taulé, suscribió el pasado 30 de agosto un préstamo hipotecario de 250.000 euros con Bankinter sobre el principal activo del grupo, su sede social sita en el principal del número 463 de la Avenida Diagonal de Barcelona. La sorpresa de la operación es que ha salido a la luz semanas después de su firma ante notario, y en el marco de un proceso judicial en el que, precisamente, se solicitaba el embargo de la finca como aval económico para los afectados por la polémica gestión que se practicaba en la compañía.

Esta fue una de las medidas cautelares que se cursó en el marco de la denuncia por lo civil que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona, liderado por la magistrada Maria Millán Gisbert. Los más de medio centenar de clientes que se han sumado a la causa pilotada por Iuris Factor buscaban con este movimiento asegurar que Qrenta cubría como mínimo con el principal del patrimonio perdido con sus inversiones, una cantidad que asciende a los 1,6 millones de euros.

Bankinter, el beneficiario

El problema es que tras la firma del préstamo hipotecario, la posibilidad de obtener el importe con el embargo y una posterior venta del inmueble se desvanece. Ahora es Bankinter el que aparece como primer beneficiario del activo, la entidad consta como la llamada primera carga registral de la finca.

Los promotores de la medida cautelar se muestran preocupados de que la falta actual de ingresos de Qrenta lleve a la agencia de valores intervenida al impago de la hipoteca y a la posterior resolución del préstamo. Bankinter sería el mayor beneficiario en este escenario. Desde el punto de vista legal, tendría vía libre para subastar un piso de más de 185 metros cuadrados que se encuentra en una finca noble a pocos metros de la plaza Francesc Macià de Barcelona por una operación de tan sólo 250.000 euros. El precio real de la finca en el mercado supera de mucho esta cifra.

La sede de Qrenta, situada en la avenida Diagonal de Barcelona / CG
La sede de Qrenta, situada en la avenida Diagonal de Barcelona / CG

Proceso judicial

Los mismos letrados de Iuris Factor también denuncian que el reconocimiento de la operación financiera no se dio a conocer en el marco de la vista de medidas cautelares que se celebró el pasado viernes en Barcelona. La defensa de Qrenta incorporó la escritura del préstamo como otro documento adjunto al proceso para demostrar la solvencia financiera de la compañía, por lo que consideran que se trata de un intento de omitir un dato crucial para los intereses económicos de los promotores de la causa por lo civil.

Cabe tener en cuenta que no es la única a la que deben hacer frente los socios de Qrenta por su gestión patrimonial. El Juzgado de Instrucción número tres de Barcelona, encabezado por María Pilar Rovira del Canto, admitió a finales de julio a trámite la querella que acusa a la cúpula de administración desleal y estafa. La causa penal que impulsa la socia de CHR Legal María Jesús Hernández Elvira.

Pulcritud del préstamo

Además de lidiar con estos dos procesos, la defensa de Martí Taulé y el resto de miembros de la dirección de Qrenta se deberán armar de razones para demostrar ante el tribunal la buena fe de la suscripción de la nueva hipoteca. Los demandantes de Iuris Factor plantean llevar la operación inmobiliaria ante la Fiscalía, ya que consideran que existen indicios de que el movimiento tiene como único fin proteger el único activo de valor del grupo.

El caso Qrenta cuenta ya con casi 70 inversores que han llevado a los tribunales a la directiva. Todos ellos les acusan de como mínimo falta de transparencia en la gestión de sus respectivos patrimonios y de promover inversiones con un riesgo mucho mayor del que se había pactado. Los hechos denunciados se dirimen tanto en lo civil como en lo penal.

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