PwC, en la picota: multazo en EEUU y bajo sospecha en el Popular

La auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC) no sale de una y se mete en otra. En lo que va de año encadena sanciones en España, por las irregularidades cometidas en las auditorías de las cuentas de Aena en 2015 y en las del Banco Popular en 2012. Trabajos por los que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) --organismo dependiente del Ministerio de Economía-- le ha sancionado por un monto conjunto de 10,8 millones de euros.

Y en Estados Unidos acaba de ser multada con 625 millones de dólares (unos 540 millones de euros) --la mayor multa jamás impuesta a una auditora-- por no haber detectado la situación financiera en la que se encontraba Colonial Bank, que acabó en bancarrota en 2009. La auditora ya prepara recurrir la multa por considerar que los responsables del banco estadounidense omitieron información a los auditores de manera sistemática.

En el ojo del huracán por el 'caso Popular'

Y no acaba aquí la cosa. Lo peor puede estar por llegar. El papel de PwC, como auditor del Banco Popular en las tres últimas décadas --hasta su venta al Banco Santander en junio de 2017--, está siendo mirando con lupa por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco del sumario abierto en la Audiencia Nacional, en el que la auditora figura como imputada por, entre otros, presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida.

A finales de marzo, el magistrado Fernando Andreu, a instancias de la Fiscalía, declaraba el asunto como ‘causa compleja’ y extendía su instrucción hasta el 3 de abril de 2019.

Pericias contables

Son un sinfín de pericias contables las que deberán llevarse a cabo. Entre ellas, las que provocaron que PwC, como auditora del Popular, diera inicialmente por buenas las cuentas del banco presidido por Ángel Ron al cierre de 2016, con unas pérdidas de 3.485 millones de euros --1.000 más de los previstos--, sin salvedad alguna. Y que, posteriormente, también respaldara las reformulaciones de cuentas con unas pérdidas muy superiores.

Primero, con la ‘reexpresión’ llevada a cabo por Emilio Saracho --último presidente del Popular antes de la venta--, detectando un agujero suplementario de 126 millones. Y, sobre todo, con el cómputo final realizado por el Banco Santander, que, al cierre de 2017 --ya con el Popular adquirido-- elevaba las pérdidas hasta los 13.600 millones. Se da la circunstancia que, en todo esto proceso, PwC --que había sido auditor del Popular-- se convierte en auditor del Santander, sustituyendo a Deloitte.

Justificación insuficiente

En su defensa inicial, PwC ha insistido en que alertaron, en un "párrafo de énfasis", que el Popular estaba con el capital justo y podría incumplir los mínimos regulatorios, y justificaba las pérdidas del Popular, anunciadas por el Santander, a una simple asignación de fondos propios, con lo que cumplía con la normativa contable. Un argumento que, desde las partes denunciantes, se entiende muy liviano a la vista del quebranto finalmente sufrido por más de 300.000 familias.

Ese cambio contable respaldado por PwC es uno de los aspectos claves en la instrucción del ‘caso Popular’. No en vano, de la noche a la mañana, con motivo de estas modificaciones financieras, el Santander pasó a disponer de 8.000 millones de euros de reservas que eran de accionistas y bonistas del Popular.

Amortización de las acciones del Popular

Entre los asuntos sobre los que tienen que pronunciarse los peritos estarán esos 3.450 millones de euros en reservas voluntarias que, con motivo de la resolución del Popular, se constituyeron en el primer semestre de 2017.

Por una parte, 2.100 millones por la reducción del capital social del Popular, mediante la amortización de las acciones que se encontraban en circulación el 6 de junio de 2017, y otros 1.346 millones de reducción derivada del incremento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente.