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El Gobierno, tras quitar el peaje de las autovías quebradas, prepara un plan para pagar por el uso de todas las vías rápidas

El plan del Gobierno para pagar por usar las autopistas antes de 2020

El fin de las autovías de peaje abre el debate de cómo se financiará, a partir de ahora, el mantenimiento de la red estatal de vías rápidas

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¿Cómo se financiarán, a partir de ahora, las autopistas españolas, una vez descartada la renovación de los peajes? Es la gran incógnita a resolver, y el Gobierno ya maneja un plan, cuyo punto clave es el pago por uso generalizado de las vías rápidas, un plan que tiene como fecha límite para su entrada en funcionamiento la primavera de 2020.

Es pronto para saber por dónde irán los tiros. Están en estudio varias alternativas, desde que hace unos meses el Ministerio de Fomento, con su titular Jose Luis Ábalos a la cabeza, anunciara que no renovaría los peajes de algunas autopistas, liberando el pago de las vías de peaje cuya concesión termina entre 2018 y 2021.

La AP-1, gratuita desde el 30 de noviembre

El próximo 30 de noviembre se levantará el peaje de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, y pasará a ser gratuita tras vencer el contrato de concesión con el grupo Itínere.

Se baraja aplicar de nuevo un peaje tradicional, como los que hemos utilizado todos estos años en nuestro país, o un peaje más flexible, con el que se pagaría según los kilómetros que se recorriesen, un método similar al que utilizan países de nuestro entorno como Portugal, que lleva años utilizando este sistema con buenos resultados. Pero, y aquí está gran novedad, el peaje se aplicaría para todas las vías rápidas. Las que hasta ahora estaban sometidas a peaje, y las que no.

Escasos recursos públlicos para mantenimiento

Sea uno o sea otro el método escogido, la solución debe llegar, ya que se trata de garantizar el mantenimiento de la red de autopistas y autovías. Según la Admministración Pública, cada vez hay más kilómetros de vías rápidas, y menos recursos públicos que se puedan destinar a su mantenimiento.

Ábalos pretende que este nuevo modelo de financiación de la sostenibilidad de las carreteras surja de un consenso entre las principales formaciones políticas. Y apunta a que el nuevo sistema debe ser "igualitario para todo el país, sin que incluya discriminaciones entre territorios" por cuestiones de tasas o peajes tal como, según considera, pasa ahora con los 2.550 kilómetros de autopistas de peaje, "concentrados en determinados territorios", donde pagan dos veces los "contribuyentes que las usan".