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Anonio Cañete, presidente de Pimec / EUROPA PRESS

Pimec cuestiona la legitimidad del gobierno de cámaras tras la anulación del pucherazo electoral

El Tribunal Supremo tumba el decreto de los comicios y aboca a la repetición de la contienda

3 min

Pimec cuestiona la "legitimidad" de los órganos de gobierno de las cámaras de comercio catalanas después de que el Tribunal Supremo haya tumbado el decreto de las elecciones del 2019 y, con ello, haya invalidado un proceso que terminó en pucherazo, según denuncian los empresarios consultados.

El presidente de la patronal, Antonio Cañete, considera que la decisión del Supremo --que inadmite el recurso de la Generalitat y da así la razón al TSJC, que falló en contra del decreto 175/2018, de 31 de julio-- demuestra que la convocatoria electoral no estuvo bien hecha y genera una "situación de interinidad" que no es buena para las instituciones.

Proceso lento

Cañete, en declaraciones a Efe, ha argumentado que las cosas se han de "hacer bien", aunque ha admitido que no ha leído la letra pequeña de la sentencia para saber si habrá que convocar nuevas elecciones. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que no hay marcha atrás: la sentencia es firme, el decreto queda anulado y hay que iniciar otro proceso que debe terminar con la repetición de los comicios.

A pesar de todo, Cañete entiende que, para cuando se resolviera este caso, ya se estará cerca de un nuevo proceso electoral, para el que quedan menos de dos años.

Participación ciudadana

El TSJC basó su sentencia contra el decreto firmado por la exconsellera Àngels Chacón en que, entre otros puntos, omite el trámite de la participación ciudadana en tanto que solo permite la votación electrónica, ya sea en remoto o presencial. Staff Pavillion SL lo impugnó, y el tribunal lo tumbó, porque ni la "urgencia" esgrimida por la Generalitat para sacarlo adelante sirve para limitar los derechos de los ciudadanos.

La ejecución de la sentencia, por otra parte, alcanza a los 18 procedimientos en curso tramitados por la vía especial de protección de derechos fundamentales que se dirimen en los juzgados catalanes. Es decir, ampara a los 18 recurrentes que denunciaron el pucherazo en las elecciones --que en el caso de la Cámara de Barcelona dieron la presidencia a Joan Canadell, ahora diputado de JxCat en el Parlament--, dado que defienden que se manipularon los votos (se anularon algunos con criterios subjetivos, afirman) y el sistema de Scytl era vulnerable, pues carecía de doble identificación. Así, por ejemplo, se perdió el anonimato, ya que se podían relacionar elector y voto emitido, y esta información acabó en manos del auditor, Agtic Consulting.