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Imagen de unas instalaciones de BPA. A la derecha, Ramon Cierco (superior), Jordi Cinca, ministro de Finanzas, y Toni Martí, presidente de Andorra.

Pelea de los Cierco y el Gobierno de Andorra en los tribunales

El Ejecutivo presenta una querella contra la antigua dirección de BPA y los accionistas mayoritarios del banco les acusan de querer “envenenar” la pugna judicial

Redacción
4 min

La batalla judicial entre los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), la familia Cierco, y el Gobierno del Principado por la gestión de la resolución de la entidad se da desde este martes entre los dos implicados en el conflicto y no de forma unilateral, como ocurría hasta la fecha. 

El Ejecutivo encabezado por Antoni Martí ha presentado una querella contra el que fuera consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel (aún en prisión preventiva), y 11 directivos de la entidad a los que acusa de blanqueo de capitales e implica en la causa a los Cierco como presuntos conocedores de la operativa.

Daños en la reputación del país

Martí reclama a la Batllia (los tribunales andorranos) que llame a declarar a los hermanos Higini y Ramon Cierco para que den la cara por los presuntos delitos penales que se les imputan. El abogado del Gobierno, Manuel Pujadas, ha declarado a los medios del Principado que los accionistas mayoritarios de BPA son los responsables de “dañar seriamente la reputación de Andorra” con actuaciones de blanqueo de capitales a nivel internacional, según su punto de vista.

Asegura que esta causa, que se suma a la penal que ya está en fase de instrucción, se ha iniciado por un puro interés general del país. Y los Cierco no han tardado en responder. En un comunicado, lamentan que el Ejecutivo “en lugar de buscar una solución global óptima para resolver de una ve por todas la crisis derivada de la intervención de BPA, opta por envenenar una poco más el proceso”.

Trayectoria del caso

Sobre la querella, aseguran que soplo busca sembrar “dudas incluso donde nunca ha habido”. Se muestran sorprendidos de que el Gobierno no haya “descubierto supuestos indicios delictivos” hasta “16 meses después del inicio de la instrucción de la causa judicial”.

Recuerda que es Fiscalía la que debe defender el “interés general de la ciudadanía y de las instituciones del país” en una causa como el caso BPA, ya que la justicia debe decidir precisamente si el Gobierno actuó correctamente o no en la intervención de la entidad y la posterior venta a un tercero, el fondo oportunista JC Flowers a través de Vall Banc. El proceso aún está abierto y ha llevado a un mini corralito a algunos clientes de la entidad pendiente de resolver.

Causas abiertas

Los dueños de la mayoría de acciones de BPA insisten en que la entidad pasó “siempre y en todo momento” los “controles y las supervisiones necesarias, yendo incluso más allá de lo legalmente establecido”. Contaba con auditorías y se aplicaron todas las “medidas y sistemas preventivos” que se recomendaban, añaden en el comunicado.

Los Cierco han abierto causas contra la gestión por parte del Gobierno de Andorra del caso BPA en el Principado y a nivel internacional, incluso en EEUU donde el departamento del Tesoro de ese país dedicado al control de blanqueo de capitales internacional, el FinCen, emitió una Notice en marzo de 2015 en qué alertaba de la operativa de la entidad. El documento propició su posterior intervención, aunque el propio organismo la retiró casi un año después por falta de pruebas y mientras se investigaba su actuación en un tribunal.

 “Los hermanos Higini y Ramon Cierco mantienen su firme voluntad, como ha ocurrido desde el primer día, de buscar una salida constructiva a partir del diálogo y la cooperación con agentes socioeconómicos, políticos y de cualquier naturaleza que sea necesario”, sentencian sus portavoces. La querella del Gobierno de Andorra les aleja de esa posibilidad.